Varapalo del Tribunal de Estrasburgo al separatismo

Cuando este artículo se publique, será ya más que conocido el duro varapalo dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) al separatismo catalán, en su contundente decisión de 28-05-2019, inadmitiendo la demanda de la ex presidenta del Parlament, más 75 diputados contra la suspensión del Pleno que el Tribunal Constitucional (TC), por considerarla manifiestamente infundada. Y dado que se trata de una decisión de un tribunal ajeno al Tribunal Supremo (TS) y que, además, su criterio prevalece en materia de libertades y derechos humanos, pues considero que ambas circunstancias me liberan de mi promesa anterior de mantener respetuoso silencio hasta que finalizara el juicio del “procès”. Por lo que creo que vale la pena retomar el asunto para hacer un breve análisis sobre tal decisión, comenzando por recordar los antecedentes de hecho sobre los que dicha decisión recae, para informar después de los argumentos jurídicos que se sustentan, sin prejuzgar la sentencia que en su día dicte el TS.

Como es sabido, el 1-10- 2017 (“1-O”), se celebró el “referéndum” ilegal en Cataluña, con votaciones en centros oficiales y otras improvisadas en calles, bares, domicilios particulares; con urnas ilegales de cartón; con la única intervención y control de los propios separatistas, siendo sólo ellos quienes a su antojo intervinieron, contaron los votos, pese a estar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) y a pesar de haber sido los convocantes expresamente advertidos por el TC, el Gobierno central y los Servicios Jurídicos del Parlament de que no podían celebrarlo. Es decir, ellos promovieron el referéndum, lo organizaron, lo cocinaron, se lo guisaron, contaron los votos a su conveniencia, se los repartieron y comieron, como sólo hacen los países tercermundistas gobernados por dictadores. A eso en Mirandilla, mi pueblo, se le llama la “charlotá del bombero torero”, para risoteo del público.

Tras aquella burda e ilegal votación, los soberanistas comenzaron a maquinar y ejecutar una serie de sucesivos actos, todos encaminados a subvertir el orden constitucional, con el firme propósito de trocear España, rompiendo la Constitución y el propio Estado al que pertenecen, precisamente, por quienes tenían la grave e inexcusable responsabilidad de impedirlo, dado que el entonces President, Puigdemont (actual prófugo huido de la justicia), que era el máximo representante del Estado en Cataluña, se erigió en principal impulsor del derribo del propio Estado, traicionándolo y haciendo gravísima dejación de los deberes y obligaciones que tenía conferidos de “cumplir y hacer cumplir la ley”. En sólo unos días, a prisa y corriendo, con artimañas y engaño, aprobaron acuerdos y leyes, “ad hoc”, que es un cauce atípico e insólito, buscado de propósito, para dejar por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención, control y derechos del resto de grupos y diputados.

Con el más absoluto desprecio de la Constitución y las leyes y en abierta desobediencia de los incuestionables mandatos del TC y Gobierno central, tuvieron el descaro y la gravísima irresponsabilidad de declarar la república de Cataluña, independiente de España, en forma de estado, so pretexto de desarrollar sus Leyes 19/2017 y 20/2017, que llamaron “leyes de desconexión”, previamente suspendidas por el TC; haciéndolo mediante el sistema de “lectura única”, sin el debido debate y coartando los derechos de la oposición, de forma pública ante las cámaras televisivas y demás medios de comunicación, que todos pudimos ver, como si con un mero soplo instantáneo se pudiera hacer volar por los aires y borrar una nación y un estado que hunden sus raíces más antiguas en el reino de la Hispania visigoda, hace unos 1.600 años.

Eso sí, se cuidaron mucho de suspender temporalmente la independencia declarada, se supone que hasta disponer de la supermillonaria cantidad de dinero que de inmediato necesitaban para poder pagar en un mes pensiones, funcionarios, sanidad, educación, obras públicas, paro, mantenimiento de servicios esenciales e instituciones en Cataluña, toda vez que estaban prácticamente en bancarrota, con su deuda pública declarada “bono basura”, de la que sólo el mismo Estado que rompían les estaba salvando, y aun les sigue salvando.

Así, el día 9-10-2019, la Mesa del Parlament, entonces presidida por Carme Forcadell, en prisión provisional, en connivencia con el que fuera president de la Generalidad, Puigdemont, prófugo huido de la justicia, y demás diputados investigados, acordaron convocar un pleno parlamentario, disfrazado bajo el subterfugio de que el president hiciera una “valoración sobre el resultado del referéndum del 1-O, …y sus efectos”, que no era nada más que un amaño engañoso bajo el que se escondía el verdadero propósito de proclamar unilateralmente independencia (DUI), presentándola a prisa y corriendo, como hechos consumados, para que la oposición apenas pudiera tener capacidad de reacción. Se declaró la república catalana, como estado soberano e independiente, separado del Estado español, sin contar con la mayoría social de los catalanes, sino solamente con la mayoría de escaños y, también, a pesar de que el TC volvió a suspender la sesión del Parlament. Esta declaración la llevarían luego a cabo el siguiente día 10.

El grupo socialista interpuso recurso de amparo ante el TC, alegando que la convocatoria vulneraba el derecho a ejercer sus funciones públicas sin obstáculos y recordando la ilegalidad de la celebración del Pleno con el fin de declarar la independencia de Cataluña, máxime cuando se apoyaban en las llamadas “leyes de desconexión”, que estaban suspendidas por el TC. Posteriormente, en sentencia nº 114/2017, de 17 de octubre, declaró que la independencia no era ajustada a derecho y desprovista de efectos jurídicos. Contra la resolución del TC de suspensión, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y 75 diputados secesionistas impugnaron la sentencia ante El TEDH, alegando que la suspensión por el TC vulneraba los derechos políticos de los diputados a la libertad de reunión y de expresión.

El TEDH ha acordado ahora no admitir a trámite dicha demanda de los separatistas contra la suspensión del TC, por estar manifiestamente infundada, oponiendo de contrario que la injerencia de éste en el funcionamiento del Parlament fue una "necesidad social imperiosa y necesaria en una sociedad democrática", porque perseguía objetivos legítimos de "seguridad pública", "defensa del orden" y "protección de los derechos y libertades de los demás"; subrayando que el pleno del 9-10-2017 fue convocado apoyándose en una ley suspendida y que el derecho de autodeterminación que no forma parte de los derechos protegidos por el Derecho Internacional, por lo que, aun siendo cierto que el TC intervino en el derecho a la libertad de reunión y de expresión del Parlament, lo hizo conforme a la ley, persiguiendo un fin legítimo de defensa del mantenimiento de la protección de los derechos y libertades de los diputados de la minoría”. Aquel Pleno del Parlament constituyó un manifiesto irrespetuoso contra las decisiones del TC que pretendía garantizar el respeto a sus propias decisiones para preservar el orden constitucional.

Y recuerda a los demandantes que un partido político puede promover un cambio en la legislación o incluso en la Constitución, pero con dos condiciones: 1ª), que los medios utilizados a tal fin sean legales y democráticos en todos los aspectos; 2ª), que la modificación propuesta sea compatible con los principios democráticos fundamentales de la Constitución; recordando a los demandantes que del dictamen emitido por la Comisión de Venecia se desprende que es obligatorio cumplir las sentencias de los tribunales constitucionales, siendo estos últimos competentes para adoptar las medidas que consideren pertinentes para lograrlo.

En consecuencia, la suspensión del Pleno del Parlament por el TC era "necesaria en una sociedad democrática", en particular para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. En conclusión, un contundente varapalo al separatismo catalán por el TEDH, que creo que ha captado y desenmascarado los cuatro pilares básicos sobre los que los separatistas apoyan sus artimañas y su “modus vivendi”, que por mi parte resumo.

1º. “Victimismo”. Son completamente falsas y desprovistas de contenido aseveraciones separatistas como las de que “España nos roba, nos expolia, nos reprime y no nos deja de ejercer nuestros derechos y libertades, impidiéndonos votar pacíficamente, libertad para nuestros presos políticos”, etc, como acreditan la enorme deuda pública que Cataluña tiene contraída con el Estado, que sólo del FLA alcanza hasta los 70.000 millones de euros. Tanto el Círculo de Economía catalán como su Empresariado se lo han empezado a decir alto y claro hace una semana a Torra, que se ponga a gobernar, centrándose en los problemas y en los ciudadanos, olvidándose del “procès” y que cumpla le ley en sus propios términos, como los demás hacemos; porque con tal desgobierno los servicios esenciales en Cataluña cada día se deterioran más, los catalanes son los más cosidos a impuestos, sobre todo, los de Sucesiones y Donaciones y porcentaje autonómico del IRPF. Torras sólo ha resuelto subirse su sueldo hasta 146.926 euros, su Administración está paralizada, siendo él mismo el que agita a los independentistas jaleándoles a que “aprieten”.

El descrédito de la política separatista practicada en Cataluña, tanto en el exterior como en el interior, aumenta cada día por falta de seriedad y rigor, utilizando en favor de la causa separatista mentiras y enredos. El sectarismo está al orden del día, excluyendo a todo el que no comulgue con su “pensamiento e idioma únicos”. No hay seguridad jurídica ni económica, su tejido industrial y comercial, que siempre fueron el motor de España, se está resquebrajando, al igual que el turismo, crece el desempleo y los niveles de pobreza se acrecientan. Todo ello, pese a que la gran mayoría de catalanes son honrados y abnegados trabajadores, junto a empresarios emprendedores y honestos que se afanan arrimando el hombro para poder sacar su empresa y su familia adelante, porque sólo con sentimientos y emociones separatistas no se come, salvo los separatistas. No se cansan de pregonar que una Cataluña independiente será más rica, más social y más justa. Pero nada más que la huida desde el “procès” de unas 5.000 empresas que no regresan, lo dicen todo. Esa es la ruina llamando a la puerta.

2º. “Engaño”. Los secesionistas catalanes van por el mundo engañando a los demás países, a españoles y a los propios catalanes constitucionalistas. Pregonan que ellos representan a toda Cataluña que les ha votado el 80 % de los electores. Y, según sus propios datos facilitados por la Generalidad, el “1-O”, fueron contabilizados por ellos 2.044.038 de votantes que dijeron “sí” a la independencia, sobre un total del censo de 5.313.564 que podían ejercer el voto. Lo que significa que sólo resultó partidario de independizarse el 38,48 % del censo. Todo ello, pese a ser cifras de votos cocinadas por ellos, sin campaña en contra porque la votación era ilegal, sin interventores ni apoderados.

3º. “Propaganda”. Hay que reconocerle al separatismo su insuperable habilidad propagandística. Han gastado millones y millones en propaganda interna y externa sobre sus bondades. Las llamadas “embajadas” son agencias de propaganda en el extranjero contra España. Sin embargo, ningún país extranjero les ha reconocido; sólo han encontrado algunos peones de compañía entre los separatistas belgas, holandeses y escoceses. La Unión Europea no les ha hecho ni caso; hace sólo unos días expulsaron de su sede oficial en Bruselas a Puigdemont y Comín cuando se presentaron a recoger la credencial de diputado europeo. Si Cataluña se independizara, quedaría “ipso facto” fuera de la UE, perdería un mercado de 500 millones de consumidores, como el Brexit deparará a Gran Bretaña, y no tendrían salida para sus productos, cerrándoles todas las puertas y acarreándoles la ruina económica.

4º. “Desobediencia”. Otro reproche que les hace el TEDH en su decisión, es que todos estamos obligados al cumplimiento de las leyes. Y es más que conocido que los separatistas se han dedicado a desobedecerlas hasta por enésima vez, así como a desacatar las sentencias, en ambos casos hasta jactándose y regodeándose de no cumplirlas, so pretexto de que para ellos las leyes de su Parlament prevalen sobre las estatales. Y, claro, así les va.