Sin lugar a dudas, iba a convertirse en una de las negociaciones más supuradas y con más cicatrices de las que se recuerdan en el seno la Unión Europea (UE). Y es que la respiración se había contenido en las sedes centrales de los grupos mayoritarios, ante la coyuntura de que el Parlamento Europeo terminase desbaratando el Pacto de Migración y Asilo que en los últimos años se estaba entretejiendo.
Definitivamente, ha logrado prosperar por un estrecho margen en las votaciones de los expedientes que acomodan la legislación, gracias al respaldo del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas y liberales, aunque con algunos reproches y la objeción de la extrema derecha, los verdes y la izquierda.
Dicho esto, durante la última década el Pacto de Migración y Asilo ha sido uno de los caballos de batalla en la Unión, eternizándose en su accionar hasta otorgársele el visto bueno y convertirse en un punto de inflexión, de un acuerdo sometido a votación en el Parlamento Europeo y que el Consejo donde están constituidos los estados miembros, en breve habrán de validarlo.
Adelantándome a lo que posteriormente fundamentaré, el paquete lo aparejan diez pasajes legislativos, aunque cinco reglamentos asientan la parte más quebradiza que envuelven el sumario migratorio. O séase, desde que los individuos migrantes recalan en la frontera hasta que propiamente se le concede el asilo o, tal vez, se le rechaza. El empeño es que la materia prosiga durante seis meses para una primera decisión y establece la viabilidad del deniego en la frontera.
Conjuntamente, el contenido del texto fragua los criterios para el consentimiento de asilo y las circunstancias excepcionales en las que los migrantes permanecerán hasta que se concluyan los expedientes en las fronteras, con un alargamiento en los plazos de detención. Del mismo modo, admite deportaciones resueltas de manera ágil en las fronteras.
Por lo demás, las autoridades conformarán un formalismo de control anticipado de acceso en las fronteras, que igualmente engloba la identificación por medio de huellas dactilares y la recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos. El procedimiento añade a niños a partir de los seis años.
De igual forma, podrán llevarse a cabo el rastreo del sujeto si se contempla que éste describe “una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va armada ilegalmente”. En el último instante se introdujo la noción de instrumentalización de los migrantes, que dejará fundamentar los cierres fronterizos en contextos como el habido en el este con Bielorrusia.
Quizás, lo que queda en el tintero son las operaciones de salvamento en una situación reinante en el que el Mediterráneo se ha transformado en un trampa mortífera para miles de individuos.
Ni que decir tiene, que en las últimas horas había aumentado el desasosiego en los grupos políticos mayoritarios de la Eurocámara, ante el mínimo resquicio de que el supuesto entendimiento quedara en agua de borrajas y no prosperase por los arrebatos al ‘no’. De hecho, algunos franceses y socialistas italianos abandonaron la disciplina de grupo en la amplia mayoría de los votos. En el caso concreto del PPE, el cambio de postura se desencadenó en algunos franceses y polacos. El primer ministro de este último país, Donald Franciszek Tusk (1957-66 años), ha informado que no admitirá el instrumento de reubicación de refugiados que determina cuotas de reparto o el pago por rechazo.
Hay que recordar al respecto, que las negociaciones se acentuaron en las postrimerías del año 2023, ante la proximidad de las elecciones europeas, porque las partes eran consecuentes de que en la posterior legislatura, con un crecimiento de la extrema derecha en la Eurocámara, sería todavía más difícil. Expresaba literalmente la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Margareta Johansson, (1964-60 años), “es ahora o nunca. La historia nos juzgará”.
Las numerosas apelaciones al voto afirmativo y los acercamientos de última hora se habían repetido. “Votar contra el pacto es dar una victoria a la extrema derecha europea que lo ha hecho todo para luchar contra las soluciones a los retos migratorios”, declaró al pie de la letra la eurodiputada liberal, Fabienne Keller (1959-64 años), que ha sido la relatora de la regulación del asilo. Asimismo, ha continuado exponiendo: “Me dirijo a la izquierda y los verdes porque con frecuencia hablan de la extrema derecha, pero hoy quieren detener el pacto junto con Le Pen y otros. Lo que deberían hacer es votar a favor del pacto”.
No obstante, las muchas divergencias dentro del grupo de los socialdemócratas las ha dejado claras el parlamentario italiano, Pietro Bartolo (1956-68 años), afirmando que se trata de “una reforma que no corrige las desigualdades del pasado, oculta la solidaridad con políticas de prevención y regresión. Si se aprueba esta reforma se legalizará la negación de derechos en Europa, hará normal el uso arbitrario de la detención, también para menores, facilitará los rechazos en terceros países y hará más difícil las labores de rescate en el mar y dificultará el papel de las ONG”. Entretanto, el eurodiputado Jorge Buxadé Villalba (1975-48 años), ha escudado la Eurodac que significa Dactiloscopia Europa y que dejará tomar huellas e identificaciones biométricas a los migrantes o solicitantes de asilo, incluyéndose a menores que ha descrito como “una base de datos que no se construye sobre solicitudes, sino sobre registros individuales para acabar con el fraude”. Añadiendo que es el “primer paso” en el cambio de “rumbo para proteger las fronteras”.
"El pacto en su conjunto se queda corto y empeorará la situación de los estados miembros, las comunidades fronterizas y las personas que se desplazan y socava la solidaridad, formaliza la detención en las fronteras y debilita los derechos de las personas"
“El pacto en su conjunto se queda corto y empeorará la situación de los estados miembros, las comunidades fronterizas y las personas que se desplazan. Un Pacto de Migración y Asilo que socava la solidaridad, formaliza la detención en las fronteras, debilita los derechos de las personas y podría ver a niños y familias encerrados, es algo que no podemos celebrar”, indica Theresa Therry Reintke (1987-36 años), miembro del Parlamento Europeo por Alemania.
“No va a resolver los problemas. No va a haber una redistribución automática de los refugiados, el responsable va a ser el primer país de llegada, no hay una verdadera solidaridad y no se hace nada para prevenir las muertes en el Mediterráneo”, ha avisado la eurodiputada sueca, Malin Anna Björk (1972-51 años), increpando a la UE que esté dispuesta “a lo que sea”, con tal que los migrantes no alcancen las fronteras en relación a los pactos con terceros estados, como el Reino de Marruecos o la República Tunecina. “Si vienen de un tercer país ni siguiera va a poder realizar una solicitud y eso es socavar el derecho al asilo”, ha manifestado.
Curiosamente, estas explicaciones concuerdan con los más de un centenar de ONG que han emitido su firme rehúso al Pacto de Migración y Asilo. La desaprobación se ha llevado a la propia Eurocámara coincidiendo con el momento cumbre de la votación, en las que alrededor de unas doscientas personas se reunieron a las puertas, desafiando sus acusaciones con un ataúd que simboliza el enterramiento del derecho al asilo.
En vista de las distintas lecturas observadas, ciento sesenta y una organizaciones sociales, entre ellas, ‘Save the Children’, ‘Red Acoge’ o ‘Oxfam’, apoyaron un manifiesto en el que condenan la marcha atrás en las políticas de asilo y la dureza de los controles, en lo que entienden que conjeturará la “detención de facto en las fronteras sin exención para familias con niños de todas las edades, procedimientos acelerados y deficientes para evaluar las solicitudes de asilo en lugar de evaluaciones completas y justas y un énfasis en los procedimientos de retorno con menores garantías”.
“Muchos más solicitantes de asilo acabarán en procedimientos fronterizos y no se considerarán en territorio de la UE, lo que conllevará menores salvaguardias y aumentará el riesgo de violaciones de los derechos humanos y retrocesos en las fronteras. Incluso los menores no acompañados pueden ser sometidos a procedimientos fronterizos y retenidos de facto cuando las autoridades estatales así lo decidan”.
Para ‘Médicos Sin Fronteras’, comenta la organización médica y humanitaria internacional que proporciona su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política, el Pacto de Migración y Asilo “aumenta la violencia y el sufrimiento de las personas que buscan seguridad en las fronteras de la UE, criminaliza a las ONG y externaliza la gestión de las fronteras a países inseguros. Está siendo vendido por la UE como una solución a la mal denominada crisis migratoria de Europa, pero no lo es. Se trata de una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE y tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas que buscan seguridad y protección en Europa”.
Llegados a este punto, el Pacto Migratorio y Asilo es un conjunto de cinco reglamentos que como no podía de otra manera, atañen a los ciclos del trámite del asilo y la migración: desde la verificación de los inmigrantes irregulares en su recalada a la UE, como la sustracción de referencias biométricas, los recursos de presentación y diligencia de las peticiones, las líneas de acción para reglar qué Estado miembro se hace responsable de gestionar una solicitud de asilo, la cooperación y solidaridad entre los territorios y, por último, la procedimiento de las situaciones de crisis.
Este foco del pacto es crucial porque en su reglamentación vigente, la tutoría del asilo le incumbe a las naciones en las que se ocasiona el primer ingreso del migrante en la Unión. Pero a la hora de la verdad “supone una carga para los Estados miembros de primera línea”. Si bien, para “equilibrar el sistema actual”, la normalización dispone otra receta de reparto que armoniza la “solidaridad obligatoria y flexible”.
En cierto modo, compromete a los países miembros a replicar ante un socio sobrepasado con la llegada de migrantes, ya sea sufragando una compensación valorada por cada migrante que aparte o reasentando en su espacio territorial a esos individuos que comparezcan. Esta regla proyecta evitar los “movimientos secundarios” que se provocan cuando un migrante se traslada desde el país al que arribó por vez primera, para requerir amparo en otro lugar.
El designio de este modelo de solidaridad flexible es reasentar al menos, a 30.000 migrantes al año “hacia estados menos expuestos a las llegadas”. Simultáneamente, los estados podrán sortear estas cuotas costeando una aportación de 20.000 euros por migrante trasladado.
En paralelo, el Pacto de Migración y Asilo cimienta una actuación común en la superficie europea que los Estados miembros han de mantener cuando los sujetos demandan apoyo internacional. Juntamente, acelera los medios procesales, activa la deportación de los demandantes de asilo desestimados, instaura centros de detención fronterizos e introduce normas para los derechos del solicitante de asilo. Como por ejemplo, disponer de la asistencia y representación jurídica o del servicio de un intérprete.
Además, que la nueva praxis de asilo incorpora instrumentos para evaluar prontamente en centros de detención emplazados en las fronteras exteriores de la UE, si las peticiones son inconsistentes o inaceptables. Mientras prosigue la burocracia de solicitud de asilo, que, por otro lado, no debe dilatarse más de seis meses, los individuos no están acreditados a ingresar en territorio europeo.
La forma es inexcusable para los Estados miembros si el demandante posee nacionalidad con una tasa de reconocimiento por debajo al 20%. Sin inmiscuir, que la articulación de este reglamento ayuda a “reforzar los controles de las personas en las fronteras exteriores”, ya que otorgará “abordar mejor los movimientos irregulares y facilitará el regreso de las personas en situación irregular”.
A la par, esta regulación contribuye a “reforzar los controles de las personas en las fronteras exteriores”, ya que concederá “abordar mejor los movimientos irregulares y facilitará el regreso de las personas en situación irregular”. Por último, un Estado miembro que encare una “afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo”, está en condiciones de pedir contribuciones solidarias de otros actores de la UE. Estos tributos pueden adquirir la forma de reubicaciones, indemnizaciones financieras o de responsabilidad.
Con este telón de fondo, después de poco más o menos tres años de negociaciones amortiguadas por fricciones, tensiones e interrogantes, el Parlamento Europeo y el Consejo consiguieron un acuerdo político sobre el Pacto de Migración y Asilo para administrar la migración en la UE. La novedad, lejos de apaciguar a los migrantes y organismos que los encarnan, ha multiplicado una convulsión de reprobaciones en razón del trato que recibirían los más desamparados.
El acuerdo político precisa todavía el visto bueno de la Eurocámara y de los veintisiete para ser aprobado a mediados de 2024. En opinión de las autoridades comunitarias el convenio aspira a ofrecer la deportación de los peticionarios de asilo rechazados y reducir el acceso de inmigrantes. Igualmente, persigue dotar a las administraciones de mayor sensación de control en las fronteras y mejorar la labor de la UE en la tarea de la inmigración, familiarizándolo como un tema europeo, pero no sólo nacional. “La migración es un desafío europeo que requiere soluciones europeas”, puntualizó Ursula von der Leyen (1958-65 años), Presidenta de la Comisión Europea, al declarar la bienvenida al acuerdo. “Significa que los europeos decidirán quién viene a la UE y quién puede quedarse, no los contrabandistas. Significa proteger a los necesitados”, agregó. El sumario migratorio ha sido y es un factor de notables rigideces y dicotomías en el Viejo Continente. Con la certeza extendida de que improcedentemente está sobrellevando una carga por la naturaleza de su posición territorial.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo endurece las normas de control a la inmigración ilícita, una predisposición que se está notando en diversas demarcaciones europeas desde hace tiempo. Como anteriormente he citado, con escasa diferencia, casi todas las partes han aplaudido el acuerdo, pero las ONG y un sinfín de portavoces de la sociedad civil lo tildan con severidad.
A los negociadores no les han quedado otra que sudar a la gota gorda en su maniobrar para ganar un consenso sobre la revisión de las fórmulas de asilo. Según algunos observadores, se muestra un vuelco hacia la derecha después de años de tentativas malogradas de lograr un acuerdo, cuya finalidad es contener tanto a los estados fronterizos que pretenden algún tipo de ayuda para conducir a los peticionarios de asilo, como a los territorios del interior que refieren que existen demasiados inmigrantes.
El acuerdo determina que los países de primera línea del sur de Europa establecerán un procedimiento de asilo más minucioso en su modus operandi de sus fronteras fuera de la Unión, disponiendo de más peso a la hora de deportar a los solicitantes de asilo rechazados. Y los países más hacia el interior, definirán su alternativa de admitir una cierta cantidad de inmigrantes o contribuir a un fondo del bloque.
"Tras años de tiras y aflojas en su complejidad, como de pulir las muchas asperezas y adecuar el marco a un enfoque más taxativo, la Eurocámara respalda el Pacto de Migración y Asilo con posiciones fragmentadas y tensiones y un resultado demasiado apretado"
Aunque la región ha desenmascarado algunas crisis migratorias en 2023, los analistas afirman que no las equiparan a las ocasionadas en 2015, que punteó un hito en aquellos procesos tan dificultosos. Según estimaciones del Consejo Europeo, por entonces se alcanzaron irregularmente 233.139 ingresos de inmigrantes, a través de cuatro rutas migratorias y de un recorrido temporal suplementario desde Ucrania, desde que Rusia comenzó su acometida militar. Por ende, los itinerarios más redundantes de estos enjambres migratorios agudos son el Mediterráneo Oriental, que envuelve a Turquía, Grecia, Chipre y Bulgaria como metas preferentes; el Mediterráneo Occidental y África Occidental, para alcanzar las Islas Canarias; y el Mediterráneo Central, que tantea como opción migratoria Italia y los Balcanes.
Otra cuestión de no menos calado como ha advertido el responsable de interior del bloque, atañe a los países de la UE que no lleven a término el pacto, ya que podrían enfrentarse a acciones legales, cuyo propósito es implantar patrones comunes y predecibles para administrar convenientemente la acogida y reubicación de los peticionarios de asilo. Con ello se ambiciona pasar página a varios años de obstinaciones incoherentes y desiertas.
Sin ir más lejos, el año pasado la UE recibió 1,14 millones de instancias de protección internacional, el dígito más elevado en siete años y anotó 380.000 asientos irregulares de fronteras, la mitad de ellos por el trayecto del Mediterráneo Central. A día de hoy, Bruselas aspira a 30.000 reubicaciones al año, pero subraya que el sistema no exigirá a ningún estado admitir refugiados, siempre y cuando éste lo salde mediante el desembolso de 20.000 euros por cada solicitante que se niegue a reubicar o financiar apoyo operativo, como personal y equipamiento.
En la otra cara de la moneda, es preciso contemplar el criterio detractor y de repulsa por parte de Hungría. En palabras textuales “es una pena después de nueve años desde el punto álgido de la crisis migratoria, que el Parlamento haya propuesto una solución que básicamente supone una grave violación de la soberanía de los Estados nacionales”, expuso el Secretario de Estado de Diplomacia Pública y Relaciones de Hungría, Zoltán Kovács (1969-55 años), durante una reunión informativa con corresponsales.
Continúa mencionando: “el pacto no va a proporcionar una solución viable para ningún Estado miembro”, haciendo hincapié en que su país “hablará alto y claro en contra”, argumentando que no tiene en cuenta la experiencia húngara y está “condenado al fracaso”. Pero cuando se le consultó si Budapest haría caso omiso a las reglas de juego aprobadas y se expondría a ser castigado con una práctica de contravención, el portavoz fue más reflexivo y especificó que su administración todavía debe de revisar la redacción exacta del texto.
A este tenor, la reforma había provocado la obstrucción tanto de la derecha como de la izquierda. Y algunos bufidos progresistas contemplaban que el pacto flaqueaba ante la imposición de las fuerzas de extrema derecha, poniendo en riesgo los derechos humanos de los demandantes de asilo. Así, voces de extrema derecha, como la Agrupación Nacional francesa, emitieron su voto en contra deduciendo que sus medidas no van lo adecuadamente lejos para salvaguardar las fronteras. Su acogimiento llega justo a tiempo para las elecciones europeas y en las que la inmigración será un asunto prioritario para los electores.
Finalmente, otro matiz chasqueante de la política migratoria de la UE forma parte de su “dimensión exterior”, expresión aplicada para nombrar los acuerdos con terceros países y atajar la salida de inmigrantes irregulares en dirección a Europa. Bruselas ya ha suscrito pactos con Mauritania, Egipto y Túnez, por los cuales se inyecta dinero de la Unión en las economías de dichos estados, a cambio de disposiciones concretas para disminuir los flujos migratorios y atenazar los traficantes de personas. Los acuerdos han sido censurados por eurodiputados y garantes de los derechos humanos, por no identificar la progresiva evidencia de quebrantamientos de los derechos humanos, fundamentalmente, los agentes tunecinos.
En consecuencia, tras años de tiras y aflojas en su complejidad, como de pulir las muchas asperezas y adecuar el marco a un enfoque más taxativo, la Eurocámara respalda el Pacto de Migración y Asilo con posiciones fragmentadas y tensiones y un resultado demasiado apretado: 300 votos a favor por 270 en contra. Pero minutos antes de la votación, los grupos mayoritarios han contenido profundamente el aliento hasta el último instante por los abandonos en algunas representaciones. Si bien, el mecanismo legislativo suscita suspicacias por la paradoja de sus indicios y el rechazo a la solidaridad intraeuropea para desahogar la sobrecarga de los estados del sur que centralizan la irrupción de inmigrantes y demandantes de asilo.