El Decreto de la Consejería de Sanidad que desde el pasado 23 de julio impuso el uso continuo de mascarilla en la ciudad autónoma incluso cuando se mantenga una distancia de seguridad con otras personas de al menos un metro y medio “ya está suspendido” a juicio de la persona que interpuso al día siguiente un recurso potestativo de reposición administrativo, ya que según explicó ayer el recurrente a este periódico “no ha habido respuesta y la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la ejecución del acto impugnado queda paralizada si transcurrido un mes la Administración competente no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto”.
“Debería haberse publicado en el BOCCE su suspensión y, por tanto, la paralización de todas las sanciones impuestas”, entiende el recurrente.
La Ciudad discrepa, ya que por un lado ha señalado que el expediente “sigue abierto” y por otro que “la Consejería de Gobernación ha tramitado todas las propuestas de sanción en base al Real Decreto 21/2020 que estableció el uso obligatorio de mascarilla con la única salvedad de que existiese distancia de seguridad con otras personas, la diferencia más significativa con el Decreto local, que reforzó ese requerimiento”.
Literalmente, el recurso alerta de que “el Decreto infiere el deber de cautela de los poderes públicos” e “incurre en falta de motivación, pus se hace eco de una retahíla de competencias y huelgan argumentos a informes técnico-sanitarios o de evolución de la ‘pandemia’ que puedan justificar tal imposición”.
“El acto administrativo impugnado incurre en inseguridad jurídica y arbitrariedad y vulnera el artículo 9 de la Constitución”, prosigue el escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, que pide su “revocación”.
Además de este recurso administrativo existe otro, canalizado por la vía judicial y presentado por otra persona, que ha sido puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según la Administración local también todavía a la espera de respuesta por parte de ese órgano judicial.
Las Fuerzas de Seguridad han impuesto durante las últimas semanas más de un centenar depropuestas de sanción por incumplimientos en el uso de tapabocas.
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