Un total de 3.048 personas fueron perseguidas por el delito de adulterio en Marruecos en 2018 y otros 170 lo fueron por homosexualidad, dos prácticas penalizadas por la ley marroquí.
Son casos que entran en el marco de "los delitos contra el orden de la familia y la moral pública", que han registrado en los últimos años "una cierta estabilidad" en cuanto a su evolución, según desveló el informe anual de la Fiscalía General publicado este miércoles.
El adulterio está castigado por el artículo 491 del Código Penal marroquí con penas de hasta dos años de cárcel, pero la Fiscalía en estos casos no puede actuar de oficio y solo lo hace si existe denuncia del cónyuge que se considera agraviado; si éste último retira la denuncia, se archiva el caso.
En cuanto a la homosexualidad, fueron 147 los casos abiertos en 2018, y 170 las personas perseguidas (en 2017 fueron 197).
La homosexualidad está castigada por el código penal marroquí - como en otros países arabomusulmanes - en su artículo 489 con penas de entre seis meses y tres años de cárcel que se aplican contra toda persona que cometa "actos contra natura con individuos del mismo sexo".
El informe de la Fiscalía recoge los procesos abiertos contra personas perseguidas por homosexualidad y adulterio, pero no se conoce el destino de esos casos ante los tribunales porque el ministerio de Justicia no facilita esos datos.
Por otra parte, el informe recoge también a las personas que fueron perseguidas por la práctica del aborto, que cifró en 73.
El aborto está castigado por el código penal marroquí, pero en 2016 el rey Mohamed VI ordenó revisar esta ley para despenalizar la práctica del aborto cuando el embarazo es fruto de una violación o de un caso de incesto, o cuando el feto tenga malformaciones congénitas; sin embargo, la reforma aún está en trámite parlamentario.
En el mismo informe que recoge las diferentes actividades de la fiscalía así los casos que ha tratado a lo largo del año, recoge también los casos de matrimonio de menores recordando la circular enviada por el jefe de la Fiscalía, Mohamed Abdennabaui, al resto de procuradores sobre la necesidad de multiplicar las investigaciones realizadas sobre las peticiones interpuestas en este sentido.
La Fiscalía subrayó que en 2018 denegó un 36 % de las solicitudes de matrimonio de menores que recibió: fueron 12.140 las demandas rechazadas y 18.422 las aceptadas el año pasado).
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