La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con sede también en Ceuta, ha denunciado que “una vez más”, la
Guardia Civil “apuesta por la cantidad antes que por la calidad”, al referirse a una reciente licitación de 8.300.000 euros para adquirir diversas
prendas de uniformidad para dotar al personal. El problema lo detectaron al darse cuenta de que modificaron “considerablemente” los pliegos de prescripciones técnicas “y rebajado la calidad de las mismas con el objeto (suponemos) de que puedan entrar en el concurso empresas que ofrecen ropa a bajo coste”, argumentando que primará
lo económico. A la denuncia han añadido que todo este procedimiento “se ha hecho a espaldas de los trabajadores y sus representantes”. Han recordado que en el mes de octubre, la Guardia Civil advertía a las empresas que suelen licitar que los requisitos técnicos de los mencionados artículos habían variado de “forma sustancial”, haciendo referencia a la bota y zapato. Esto, respecto a las prendas actualmente vigentes, así como en el resto de artículos en los que “hay cambios significativos”. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha explicado que los representantes de los trabajadores “hemos tenido conocimiento al revisar el portal de contrataciones del Estado”.
"La Guardia Civil ha incumplido su obligación de consulta"
Ante esta situación, AUGC considera que la Guardia Civil “ha incumplido su obligación de consulta”, por lo que han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo “y no descartamos, en su caso, acudir a instancias europeas”. Asimismo, han anunciado que llevará a cabo “un exhaustivo seguimiento de la licitación para ver la adjudicación”. Esto para que una vez que se distribuyan y entreguen las prendas en cuestión, puedan “conocer el resultado de las mismas”. Han recalcado que “lo barato no solo puede poner
en riesgo la salud de los trabajadores, sino también salir caro a la larga si la duración de las prendas se reduce considerablemente, así, además del calzado, hemos notado cambios significativos en otras prendas como cazadora y pantalón técnico”. Para finalizar, han destacado que “resulta vergonzoso observar que mientras el Gobierno impone sanciones a empresas privadas por no consultar a los representantes de los trabajadores, incumple con sus trabajadores la mismo obligación que exige al resto”.