Una ONG de defensa de inmigrantes denunció hoy en Rabat al gobierno marroquí por el traslado forzoso y en ausencia de un marco legal de un mínimo de 7.720 emigrantes, todos ellos subsaharianos, desde la ciudad de Tánger hasta poblaciones del interior del país. Estos traslados forzosos comenzaron en julio pero se recrudecieron en agosto y septiembre, y revelan "prácticas discriminatorias y racistas", al centrarse únicamente en personas negras de países del sur del Sáhara, como señalaron en rueda de prensa los portavoces de la asociación Gadem. Los traslados, que se producen mediante autobuses, tienen lugar tras redadas en las calles o los pisos donde los subsaharianos residen en Tánger, "sin ningún marco jurídico" y con frecuencia tras periodos indeterminados de lo que no son otra cosa que "detenciones administrativas arbitrarias". Estas detenciones, de duración variable (a veces más de un mes), se están produciendo en "una suerte de garajes" donde los subsaharianos duermen hacinados, sin protección contra el frío nocturno, sin acceso a cuidados médicos y con un solo punto de agua para decenas de personas, añadieron. Los menos afortunados de los subsaharianos detenidos son expulsados hasta sus países de origen, una medida que hasta el momento ha afectado a 89 personas (entre ellos seis menores de edad) enviadas a sus países en aviones de líneas regulares y con colaboración de sus propias embajadas. La expulsión o "conducción a la frontera" la han sufrido personas con todos sus documentos en regla, ya sea una tarjeta de residencia o un documento expedido por el Alto Comisionados de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Para Gadem, todas estas prácticas ponen seriamente en duda la sinceridad del "proceso de integración" emprendido por el gobierno de Marruecos en dos fases y que ha beneficiado ya a unas 50.000 personas, un proceso que las propias autoridades -y países aliados como Francia y España- ponen como ejemplo en el continente africano. La campaña de traslados forzosos ha sido justificada por el gobierno marroquí ante el cuerpo diplomático europeo y africano en una reciente reunión en la que insistieron sobre la legalidad del procedimiento. El wali (gobernador) del ministerio del Interior encargado de la vigilancia de las fronteras, Jaled Zeruali, defendió recientemente en una entrevista con Efe todos estos traslados, argumentando que el Estado "no puede tolerar el hacinamiento de 50 emigrantes" en un piso patera o su instalación en los bosques en la intemperie. EFE