La Fundación Raíces ha denunciado, a través de un informe con 40 casos reales, que la Fiscalía General del Estado no reconoce la validez, de manera sistemática, de los pasaportes y partidas de nacimiento de los inmigrantes menores de Marruecos o el África subsahariana que llegan solos a España.
“Las irregularidades cometidas en la determinación de la edad de los niños los condena a vivir en la calle, lo que les afecta a nivel emocional, físico y psíquico”, según esta la Fundación, cuya presidenta, Lourdes Reyzábal, afirmado que es un problema común a todas las comunidades autónomas, aunque ellos trabajan con los casos de los chicos que llegan a Madrid.
El estudio Sólo por estar solo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Abogacía Española y en él se revelan las “malas prácticas” de las Administraciones españolas en la determinación de la edad, que “violan” los derechos de los menores inmigrantes no acompañados, resaltaba ayer la letrada de la Fundación, Carmen Moles. Reyzábal confía en que el informe sirva para !devolver cordura! a lo que está pasando en España, en cuanto a que se pone en duda la validez de los documentos identificativos de los menores que llegan nuestras fronteras solos, algo que no sucede cuando están acompañados de sus padres y sobre los que las embajadas de los respectivos países parecen no querer opinar.
La presidenta de Raíces cree que el objetivo de esta actuación irregular administrativa pudiera ser “una política de control de los flujos migratorios” a través de “mandar el aviso” de que en España no se entra siendo menor y no acompañado. Además, señala que es difícil calcular el número de casos en los que la Fiscalía deniega la validez de documentos con sello oficial de Marruecos u otros países porque muchos menores acaban diciendo que son mayores de edad para poder ingresar en un CIE o, al cumplir la mayoría de edad, se les pierde la pista.
Moles explicaba ayer que para la Fiscalía priman las pruebas médicas para saber la edad sobre los documentos que aportan. Y eso que existe, por ejemplo, un convenio con Marruecos desde 1997 por el que las partidas de nacimiento o pasaportes provistos del sello legal de cualquiera de los dos países deben ser considerados legales.
