“Una lucha eficaz contra el fraude evitaría los recortes sociales y subir impuestos”

El sindicato que preside –agrupa a buena parte de los técnicos del Ministerio de Hacienda, quizás el más temido por los ciudadanos– acaba de publicar un informe que destapa cómo la economía sumergida mueve ya un negocio ilícito en España que equivale a una cuarta parte del PIB.

Carlos Cruzado (Madrid, 1958), funcionario del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado, reclama desde Gestha a la Agencia Tributaria más celo en la lucha contra el fraude y que dirija la lupa no solo hacia el pequeño contribuyente sino también hacia los grandes evasores y las empresas que tributan a tipos ridículos gracias a la ingeniería fiscal. A su juicio, el combate eficaz contra las conductas ilícitas habría evitado buena parte de los recortes en prestaciones sociales.
–¿La economía sumergida es una ramificación más de la crisis o forma parte de esa mentalidad tan mediterránea que aboga por ‘que paguen otros’?    
–Sería una mezcla de las dos cosas. En épocas de crisis esa actividad se dispara, y más en un país como España, donde la media de desempleo está en el 26 por ciento de la población activa, algo que nos diferencia tanto del resto de Europa. Está también vinculado al incremento de impuestos, que tiende a elevar la economía sumergida, y además muy relacionado con el índice de moralidad, de la conciencia fiscal. Sabemos que los paises más desarrollados de la OCDE, con mayores presiones fiscales incluso que España, tienen mucho menos economía sumergida que nosotros, pero eso hay que matizarlo. El boom inmobiliario y la explosión de esa burbuja tuvo su influencia.
–¿Y la corrupción? Hay quien defrauda desde un pequeño negocio o no paga impuestos con la excusa de que “los grandes también lo hacen”...
–Efectivamente. En nuestro último informe apuntamos como novedad la influencia tan negativa que ha tenido esa enorme bolsa de corrupción y la falta de transparencia, no solo ya en cuanto al fraude que suponen todas esas operaciones ilícitas que saltan a los medios de comunicación, sino también por la falta de ejemplo de las élites políticas y empresariales que se ven envueltas en estos escándalos. La influencia de la corrupción es clave: comparado con otros países de la OCDE, vemos que menores índices de corrupción o mayores de transparencia se corresponden con menores índices de economía sumergida. En España, en la actualidad, vamos hacia atrás y en indicadores de corrupción estamos más cerca de Turquía que de otros países europeos.
–¿Que el desempleo toque cotas a priori insostenibles, como el 40 por ciento registrado en Ceuta, y no haya un estallido social es síntoma de que miles de ciudadanos están bajo el paraguas de esa actividad ilícita?
–Parece que sí. Y de hecho parece ser uno de los motivos en los que se pueden cobijar los gobiernos para no atajar el problema de raíz. Con estos niveles de desempleo, sobre todo el de larga duración, y con el agotamiento de las prestaciones, quizás se esté intentado evitar que haya un conflicto social abierto. Puede ser una de las razones para que no se combata la economía sumergida como supuestamente debería hacerse.
–Pero hay un riesgo de que cunda el mensaje ‘sobreviva usted como pueda’, pague o no pague impuestos...
–Desgraciadamente es así. Hay una evidente falta de voluntad política, tanto de este Gobierno como de los anteriores, por frenar un fenómeno que nos diferencia de los países de nuestro entorno. Ese casi 25 por ciento de economía sumergida nos sitúa detrás de Grecia y casi al nivel de Italia, Portugal... a la cabeza de un triste ranking. Nos separa una distancia considerable de Alemania, Francia o el Reino Unido, con los que nos tendríamos que comparar.
–La consecuencia es que al Estado se le escapan por el desagüe miles de millones de euros en impuestos que no recauda...
–Las consecuencias son muy nocivas para la economía nacional, pese a que se utilice el argumento de que la actividad sumergida atenúa las posibles mermas sociales. También provoca una tremenda competencia desleal para las empresas y supone un gran recorte de ingresos para el Estado, que es quien paga las políticas públicas y sociales que recibe el ciudadano.
–¿Con menos fraude podría sacudirse el Gobierno la necesidad de elevar los impuestos?
–Si de verdad se luchara de forma eficaz contra esa bolsa de fraude se podría evitar el aumento de impuestos y el recorte de gastos en políticas sociales, ya que el Estado mitigaría en buena medida la necesidad de aumentar los recursos. España, pese a tener niveles impositivos muy cercanos a la media europea, incluso algunos por encima, tiene un grave problema de recaudación. Arrastramos un diferencial de unos 8 puntos respecto a la media europea. Otro aspecto que destacamos desde Gestha es la necesidad de que en la reforma fiscal que plantea ahora el Gobierno se haga más justo el sistema tributario, que deja mucho que desear en relación con el artículo 31 de la Constitución, que habla de progresividad, de generalidad, de igualdad. Desde luego, la percepción de muchos ciudadanos de que aquí en realidad no todo el mundo paga en función de su capacidad económica real también tiene influencia en esa caída del nivel de conciencia fiscal que nos separa de los países europeos.
–¿Pero en este escenario de crisis generalizada hay todavía margen para subir impuestos?
–Hay que matizar, porque quizás haya margen para elevar algunos pero en otros quizás habría incluso que reducirlos. Por eso hablamos de la necesidad de una equidad en la nueva reforma fiscal que debe replantearse en el conjunto del sistema. Durante este periodo de crisis hemos visto cómo esas subidas de impuestos han afectado más a las clases desfavorecidas mientras que las grandes empresas y fortunas no sólo mantienen vehículos como las sicav y otras instituciones que facilitan la factura fiscal, sino que en el Impuesto de Sociedades, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, están tributando a tipos de tan solo el 3,5 por ciento de sus beneficios. Todo esto debe llevar al Parlamento y al Gobierno a replantear esa reforma fiscal de manera general. Habrá impuestos que se podrán subir a determinados sectores y otros bajar.
–¿Ve al Gobierno aprobando impuestos a las grandes fortunas, como han hecho países de nuestro entorno?
–De momento no parece que la línea vaya a ser ésa. Esperemos al informe de los expertos, que estará a finales de mes, y a ver cómo se plantea el proyecto de reforma. Pero no creo que vayan por ahí las intenciones del Gobierno...
–¿Es sostenible el Estado del Bienestar con los ingresos actuales? ¿Se recauda menos de lo que se debería o se gestiona mal lo que pagamos todos?
–Hay un poco de las dos cosas, pero si comparamos el nivel de gasto público español con la media europea estamos por debajo. Además, los datos de Eurostat [la oficina estadística de la Unión Europea] demuestran que ingresamos mucho menos de la media comunitaria. Nosotros preferimos hablar más  de una crisis de ingresos que de gastos, y la reforma del sistema tributario debería incidir en esa necesidad de suficiencia. Tenemos que plantear qué Estado queremos y la necesidad de que todos contribuyan a su sostenimiento. Si vamos a recortar el Estado, habrá que recortar impuestos, pero de todos. Y si se decide mantenerlo, como la mayoría social parece plantear para tener un Estado del Bienestar más ambicioso que garantice más servicios, habrá que mantenerlo entre todos, no solo la clase media, como ocurre hasta ahora.
–¿Cuando salgamos de la tormenta de la crisis habremos aprendido la lección de tanto despilfarro y corrupción?
–Es otro de los temas que deberían acometerse sin más retrasos, más ahora que buena parte de los problemas que arrastramos derivan de ahí. El Gobierno no debería obsesionarse tan solo con el recorte de gastos del Estado del Bienestar, sino también aplicar un control efectivo y real del gasto público. Es otro de los pilares: hablamos de que los ingresos son uno de los pilares de ese sistema, pero también debe serlo un control férreo del gasto. Quizás no han funcionado los organismos e instituciones que debían controlar con eficacia a dónde iba destinado cada euro. El gasto debe ser el suficiente y responder a las necesidades reales.
–Fraude fiscal, evasión de capitales, dinero negro... ¿Tiene medios la Agencia Tributaria para poner coto a ese jungla?
–La Agencia Tributaria se enfrenta a varios problemas. Si comparamos los medios de que dispone en función del PIB con la media de la UE, estamos muy por debajo. Pero es que también lo está en cuanto a efectivos: los datos de la OCDE dicen que en esos países existe un empleado por cada 900 empleados, y en España estamos en más  de 1.900. No se está dedicando el esfuerzo necesario. Habría también que optimizar los recursos de que se dispone. En la Agencia Tributaria los técnicos podríamos asumir mayores responsabilidades en combatir las bolsas de fraude. Ahora mismo, el 80 por ciento de los efectivos está dedicado al control de pequeños contribuyentes asalariados, autónomos... pero el  fraude de las grandes empresas solo absorbe un porcentaje muy pequeño de efectivos y de gastos.
–¿Se ve un organismo tan sensible como la Agencia Tributaria afectada por el control político?
–Últimamente vamos asistiendo a acontecimientos que ponen eso en evidencia. Por ejemplo, hay funcionarios de nivel alto en cargos de libre designación y que el director general de la Agencia tenga rango de subsecretario de Estado... si no es un miembro del Gobierno está  desde luego muy cerca. Además, se han tomado decisiones como el nombramiento de peritos en juicios rápidos por corrupción solicitados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que ponen algo en entredicho esa imagen de independencia y profesionalidad de la Agencia Tributaria. Si bien es cierto que la Agencia, como parte de la Administración, debe ser dirigida por el Gobierno, también lo es que esa imagen a veces se pone en entredicho.
–Algo así es lo que ha evidenciado la actuación en torno al laberinto del ‘caso Nóos’, ¿no?
–Parece que sí. Hemos visto algunas situaciones que nos han preocupado, que no  se han aclarado suficientemente y que producen en la ciudadanía esa sensación de que quizás no se haya explicado bien. Me refiero, por ejemplo, al rechazo de la anterior dirección a nombrar un perito concreto, o al episodio con los errores cometidos con el DNI de la infanta Cristina, o por qué no se habían detectado los datos fiscales en un cruce que con cualquier contribuyente se habría realizado... O las conclusiones que establecen en algunos de sus informes los peritos al dar por válidas facturas de las que la propia Agencia Tributaria había dudado de su veracidad en partes del informe y que luego a la vista de las circunstancias se rechazan como gastos deducibles... Esto pone en entredicho la imagen de independencia por la que debemos velar.
–¿Tiene motivos el ciudadano de a pie para intuir que la Justicia no va tratar a un imputado como al resto de los españoles por ser miembro de la Casa Real?
–Entendemos que debería ser tratada como un español más, con todo lo que implica. Desde la organización hemos hecho ya las críticas en todo lo que creíamos que podría no ir por ese camino.
–Algo que incluso les ha valido la petición de imputación por parte del fiscal Anticorrupción...
–Sí, pidió mi imputación pero estábamos tranquilos porque no habíamos hecho otra cosa más que ejercer el derecho a la libre expresión y en ningún momento hemos incurrido en ninguna actuación que se pueda considerar delictiva. Es más, el juez en su auto rechaza la petición del fiscal en nuestra contra y deja muy claro el rechazo a la posición de Anticorrupción.
–¿Qué nota le pone a Montoro en la gestión de la crisis?
–Desde luego, le pondríamos un suspenso bajo por muchas cuestiones. Por la gestión de la Agencia Tributaria o por la amnistía fiscal, que no fue una actuación que mejorara la conciencia fiscal de los españoles. A los contribuyentes que cumplen les desanima. Tampoco se están tomando las medidas necesarias para reducir la bolsa de fraude, de ahí que no podamos considerar que la actitud del ministro sea merecedora de otra nota.
–¿Tienen los españoles motivos para creer que en España defraudar sale muy barato?
–Eso parece que es una evidencia. Apuntamos en esa línea con los hechos y por cómo funciona la Agencia Tributaria, más volcada en los cruces informáticos con la información de que dispone que en luchar contra las bolsas de fraude y aflorarlas. A la vista de la falta de medios y de los procedimientos, muchos ciudadanos pueden pensar que sí, que defraudar es barato. La posibilidad de que sea detectada una irregularidad es complicada. Incluso muchas veces la inspección es anulada por los tribunales. Pedimos que la reforma tributaria ponga cota a esto.

Más de 253.000 millones que escapan al control del Estado

253.135 millones de euros. Ésa es la cantidad que calcula Gestha que ha escapado al control del Estado desde que estalló la crisis, 60.000 millones más que en 2008 y el equivalente ya al 24,6 por ciento del PIB. El estudio, presentado el miércoles por el sindicato, ha sido dirigido por el profesor de la Universitat Rovira i Virgili Jordi Sardà y atribuye el incremento de la economía sumergida al efecto arrastre del boom inmobiliario, al "espectacular" aumento del paro y al "masivo" uso de billetes de 500 euros. A todo ello, suma el "grave problema de moralidad con el pago de impuestos", lo que sitúa a España lejos de los niveles de economía sumergida de países como Alemania (13,1 por ciento), Francia (10,8 por ciento) o el Reino Unido (10,1 por ciento), si bien en Italia, Portugal y Grecia son mayores. El mayor aumento del fraude se ha producido en las comunidades autónomas más castigadas por la crisis del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español. Así, Extremadura es la que acumula un mayor porcentaje de PIB de economía sumergida (31,1 por ciento), seguida de Andalucía (29,2 por ciento), Castilla-La Mancha (29,1 por ciento) y Canarias (27,9 por ciento). El informe no aporta datos de Ceuta y Melilla por sus especiales circunstancias fiscales, que a juicio de Gestha podrían afectar a la comparación con otras comunidades. Tampoco figuran el País Vasco y Navarra. Según el informe, la crisis ha contribuido a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude registraba y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. En las conclusiones, critica que los gobiernos “miren para otro lado cuando se trata de fraude”. Para solucionarlo, propone acciones como incrementar la concienciación ciudadana contra el fraude, mejorar los recursos de la Agencia Tributaria y su coordinación con las agencias autonómicas y hacer cambios impositivos para evitar la evasión fiscal.