El “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad de Castaluña, Joaquim Torra, más conocido como “Quim”, quien anteayer, durante una rueda improvisada de prensa celebrada durante un acto de protesta frente a la cárcel catalana en la que permanece recluido el exconsejero Forn, dijo la siguiente frase: “Vamos a atacar a este Estado español injusto”.
El artículo 543 del Código Penal establece textualmente; “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”.
¿No se está ofendiendo a España cuando se le califica como un Estado injusto? ¿No se le ultraja anunciando públicamente la intención de atacarla, aunque no se especifique como será ese ataque?
Para agravar más el caso, ese anuncio y ese calificativo los ha pronunciado precisamente la persona a la que, según prevén el artículo 152 de la Constitución y su correspondiente concordante, el 67.1. del Estatuto de Cataluña, es el “representante ordinario del Estado en Cataluña”. Muy bonito: quien ostenta tan alta representación se dedica a anunciar, precisamente allí, es decir, en la Comunidad que preside, su propósito de atacar al Estado español, sin aclarar cómo, y además, afrentándolo al calificarlo de “injusto”.
Ayer, al ser preguntada la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre su opinión acerca de las mencionadas palabras del Sr. Torra, respondió: “no es más que una frase”. Y lo dice quien siendo Ministra de Cultura, fue precisamente la autora de frases que han pasado, para quedarse, al anecdotario de la política nacional, tales como “el dinero público no es de nadie, “las señoras tienen que ser caballeras, quijotas”, “he sido cocinera antes que fraila” y otras tantas por el estilo. Parece claro que el Gobierno no va a hacer nada al respecto. Lo demuestra la respuesta de la Vicepresidenta, que encaja perfectamente en la política de tratar todos los temas que afectan a Cataluña con una exquisitez que, como mínimo, raya en el exceso, en un intento de demostrar lo buenos y lo tolerantes que con las continuas trastadas de los separatistas y también muy amigos de dialogar con quienes no tienen más que una meta obsesiva: romper la unidad de España para crear la República catalana, aunque más de la mitad de los electores de allá no estén a favor de los partidos independentistas.
A la vista de la inhibición gubernamental, habrá que preguntarse si no hay algún fiscal o juez que, ante lo que tiene sobrados indicios de ser un delito perseguible de oficio, sea capaz de instar o de abrir las oportunas diligencias, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues la inviolabilidad que corresponde a Torra como parlamentario no cubre las declaraciones ante la prensa Hay abundante jurisprudencia que así lo avalan.
Creo que el Presidente de la Generalidad no debería haber dicho jamás “vamos a atacar a este Estado”, porque en esas palabras yace un fondo de amenaza, ni tampoco calificarlo de “injusto”, porque es una clara acusación contra España, acusándola con carácter general de injusta, es decir, de actuar contra lo justo y razonable. Nada es irrebatible en Derecho, pues siempre, con mayor o menor razón, se pueden alegar argumentos en uno u otro sentido. Corresponde a los Tribunales, al final, sentenciar determinando dónde está lo justo. En el presente caso, y en principio, nadie podrá negar que la aludida frase, sacada de cierto manifiesto, según ha dicho posteriormente Torra, pero hecha suya por él, puede encajar en el delito que prevé el antes citado artículo 543 del Código Penal.
Hoy, lunes, rompo mi tradicional frecuencia semanal para hacer, desde estas páginas, una llamada a la Justicia. No todo es tolerable, y mucho menos cuando se trata de “una frase” que, en principio, tiene los suficientes indicios para entender que supone una doble ofensa a España, Patria común e indivisible de todos los españoles, incluidos –claro está- todos los catalanes, aunque a Torra le disguste. Así lo prueban siglos y siglos de unión.