La Ley de Transparencia es una exigencia de la democracia española, y supondrá además el salto cualitativo más importante desde La Constitución de 1978. Habrá un antes y un después de la Ley de Transparencia porque va a cambiar la forma de hacer política. Además, va a transformar el paradigma del Derecho público español y, ni el Derecho Constitucional ni el Administrativo van a poderse explicar de otra forma que no sea a través de la transparencia.
En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a oponerse para conseguir una ley de todos. A los españoles les perjudicaría mucho retrasar esta ley por disputas de políticos. Los socialistas deberían pensar menos en su interés y más en el interés de los ciudadanos, porque los políticos tienen que trabajar y no buscar excusas. “A lo mejor es que se dan cuenta de que el Partido Popular va a aprobar la ley, con o sin ellos, y empieza a no interesarles tanta transparencia”.
El Partido Popular ha hecho una ley que configura la transparencia como una obligación de la Administración Pública y, al mismo tiempo, como un derecho subjetivo de los ciudadanos. La Administración tiene la obligación de ser transparente y los ciudadanos el derecho de conocer todos los documentos elaborados o depositados en la Administración. Se trata por tanto de que, a partir de ahora, nuestro Derecho constitucional y administrativo incluya la transparencia en sus principios generales.
SUJETOS OBLIGADOS A LA TRANSPARENCIA: Los subjetivamente obligados a ser transparentes son todas las administraciones públicas españolas y las territoriales, las empresas de capital público, las fundaciones y organismos públicos sometidos a derecho privado. Además, durante el trámite parlamentario se han incluido figuras de naturaleza privada o semi-privada que cumplen con una función pública: los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el Banco de España, la Casa Real.
Por otro lado, todas las entidades privadas que reciban como mínimo 100.000 euros de fondos públicos o, que recibiendo menos, la parte de fondos públicos equivalga a un x% de su presupuesto. Es una de las leyes de transparencia más ambiciosas de nuestro entorno respecto a los sujetos obligados a ser transparentes.
PUBLICIDAD PASIVA, ACTIVA Y SUS LÍMITES: La Ley de transparencia consiste en dos pilares básicos: la publicidad activa y la pasiva. La primera es una larga relación, que figura en el proyecto de ley, de lo que todas las administraciones y sujetos obligados tienen que poner en conocimiento de los ciudadanos a través de sus páginas web y que tienen que ver, fundamentalmente, con el dinero público. Figuran así, retribuciones de cargos, gastos de representación, presupuestos, convocatorias de concursos públicos, etc.
Por otro lado, la publicidad pasiva se refiere a toda la información que los ciudadanos pueden pedir además de lo citado, sin más límites que lo que figura en la ley, en los tratados internacionales y la lógica y que tienen que ver con la seguridad y los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. “Ni el derecho subjetivo ni el derecho a saber son ilimitados”. La Constitución dice cuáles son los derechos fundamentales y el legislador no puede inventarse otros.
No hay ninguna ley de transparencia en el mundo que contemple el silencio administrativo como algo positivo. Lo contrario otorgaría a quien ha pedido una información de las que no están permitidas por la Ley un derecho incondicional a obtenerla si la Administración no respondiera. Por eso, habrá un recurso ante un organismo que será el que velará porque se cumpla la transparencia o, alternativamente, o al contencioso en los juzgados.
BUEN GOBIERNO: El buen gobierno, por el cual algunas obligaciones éticas y morales se convierten en obligaciones políticas para los gobernantes y se atribuye un catálogo de sanciones administrativas para quien las incumpla. Estas obligaciones tienen que ver, básicamente, con el dinero público y no gastar más de lo que se ingresa.
Ha la democracia siempre le ha interesado la transparencia. El voto sin información no es un voto libre y, por tanto, tampoco será un voto democrático. Sin embargo la transparencia, hasta hace muy poco, era inviable tecnológicamente; ahora la tecnología ha hecho que sea muy sencilla de ofrecer. Ya no hay justificación que haga que la democracia no se convierta en transparencia. Lo que es de todos tiene que estar al alcance de todos para que todos puedan opinar”.
España es el último país grande de la UE en tener una Ley como ésta, para septiembre el Congreso la aprobará, la confirmará el Senado, y, antes de que acabe el año, estará en el BOE. “Estamos viendo el final del camino de España hacia la transparencia”.
