En el Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado el pasado día 9 de marzo se ha aprobado un Decreto por el cual se va a promover la dación de pago lo que significa que se hace posible la entrega de la vivienda para saldar el préstamo hipotecario contraído con un Banco, dación de pago que podrán solicitar todas aquellas familias cuyas cuotas hipotecarias excedan en un 60% a sus ingresos, o cuando todos los miembros de la familia estén en paro y se trate de la vivienda habitual cuyo precio de compra hubiera sido inferior a 200.000 ?.
La medida, sin duda, debe ser objeto de aplauso general. Como ha señalado la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría la disposición viene a salir en ayuda y a “paliar la situación dramática de muchos españoles que lo han perdido todo”. Y de esta medida cabe decir también que es una muestra de valentía del Gobierno del Partido Popular que no se atrevieron a llevar a la práctica los anteriores Gobiernos socialistas durante sus ocho años de gobierno.
Se invoca por el Gobierno la solidaridad de todos porque sin ella, sin el esfuerzo colectivo de todos los españoles proyectado en una misma dirección, España tendrá grandes dificultades para salir de la calamitosa situación recibida en herencia por el Gobierno Popular, y esta invocación a la solidaridad cabe hacerla también y en primerísimo lugar, a los Bancos.
De esta manera, la dación en pago tendrá la forma de Código de Buenas Prácticas al cual el Gobierno invita a adherirse al sector bancario y, en palabras de la Vicepresidenta, no duda de que un gran número de entidades bancarias suscribirán de forma voluntaria el Código dirigido exclusivamente a impulsar la dación en pago para familias sin ningún tipo de recursos.
Al Código se pueden adherir las Entidades financieras y contempla la reestructuración de la deuda que la familia mantenga con la Entidad, la “quita” de una parte de esa deuda y en último término la dación en pago. Las Entidades bancarias que se adhieran al Código de Buenas Prácticas, una vez adheridas, se verán obligadas a ampliar hasta un máximo de 40 años la vida de las hipotecas. Se contemplan medidas como la de limitación de los intereses moratorios junto a la solicitud de “quita”. Y si a pesar de todo lo anterior al deudor le sigue resultando imposible hacer frente a su deuda podrá entregar su vivienda como dación en pago con una posibilidad más: la opción de pagar un alquiler con un precio equivalente al dos por ciento de la deuda pendiente y durante los siguientes dos años, prorrogables.
El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria por parte de las Entidades financieras de tal forma que, como se ha destacado desde el Gobierno, no tendría éxito si los bancos no lo respaldan. Y parece que, aunque la Vicepresidenta no quiso dar nombres, las más importantes Entidades financieras del País están dispuestas a suscribirlo. Una vez suscrito, el Código es de obligado cumplimiento e invocable ante los Tribunales de Justicia.
Como decíamos al principio, se trata de una importante medida de política social que viene a paliar en buena medida la angustiosa situación que atraviesan en este momento muchas familias españolas.
