La decisión adoptada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de sumarse al plan establecido por la Administración General del Estado para el pago a proveedores supone una decisión valiente y lógica por parte del ejecutivo presidido por Juan Vivas. Y todo ello, por dos razones primordiales.
La primera, porque supone eliminar de un plumazo los débitos que ahora mismo estaban pendientes de abono, no solamente a las pequeñas y medianas empresas que son suministradores de la Ciudad Autónoma, sino también a las empresas de construcción que han realizado importantes obras de infraestructuras en los últimos años. Aunque el plan de pagos para inversiones como el Plan Aparca o el campus universitario estaba perfectamente programado, desde que se hizo el encargo del proyecto, lo cierto es que ante una oportunidad así, la misma no se podría desaprovechar, porque supone poner el cuentakilómetros a cero y comenzar de nuevo. En unos momentos de crisis económica como la actual tener por delante la tranquilidad de eliminar esos costes supone mirar el horizonte con una tranquilidad algo mayor.
Y luego, hay una segunda razón primordial. Se inyectará al conjunto de la economía ceutí de cerca de dieciséis mil millones de las antiguas pesetas, cien millones de euros, lo que es, desde luego, un soporte magnífico para que muchas de las empresas que pudieran estar pasando por dificultades comiencen a respirar e incluso se adentren en la creación de puestos de trabajo, junto con nuevos proyectos.
