La propia Ciudad denunció a los propietarios “porque tenían que alquilar la vivienda por 138 euros al mes y nos cobraban 700”. Ahora se irán a la calle por no acceder al fraude
Recién salida del juzgado, Adriana Pérez Lima no puede contener las lágrimas porque “a pesar de tener todos los papeles y poder demostrar que nos han engañado, los propietarios han conseguido hacer un juicio paralelo al realmente grave y al denunciarnos por impago, el juez nos echará a la calle. Así que la abogada nos ha dicho que aunque aún no sepamos la sentencia, vayamos preparando las cajas de la mudanza. Y me quedo en la calle. Mi pareja, yo y mis tres hijos”. No tiene quejas ni de la Ciudad, ni de Asuntos Sociales ni de Emvicesa “que me han ayudado en todo lo que han podido y se que están hasta arriba, pero a mí no me importa decir bien alto que hay personas que se aprovechan de otras y encima llevan las de ganar”. Cuando hace ya un año buscaba vivienda, acudió a una agencia “y allí informé de la situación exacta”, explica. Y es que el contrato debía sellarse en Hacienda y Emvicesa porque al ser madre de tres hijos y viuda la Ciudad le ayudaba a pagar gran parte del alquiler. Pagué con mis ahorros los tres meses de alquiler correspondientes, uno para la agencia, otro para el propietario y otro para la fianza”. Un total de 2100 euros pero el contrato no llega sellado y decidieron llamar al propietario pero aseguran que no les contestaba “y fue entonces cuando la agencia se desentendió”. Desesperada, Adriana acudió a la Ciudad a explicar el caso “y ahí descubrí que a ellos no les interesaba sellar ese contrato porque era una vivienda de Protección Oficial y no podían alquilarla por más de 158 euros al mes y me la estaban cobrando a 700 y yo ya estaba desesperada porque no me daban la ayuda al no estar sellado, claro”. Entonces la Ciudad “abrió un expediente y multó a los propietarios a pagar una multa de 1.500 euros por estafa al Ayuntamiento y 6.000 por no tenerlo declarado a Hacienda. De hecho, me dijeron que había más expedientes abiertos por esta causa contra estas personas”. La situación, aún así, no ha podido resolverse porque “incluso la administración pública me dijo que dejara de pagarle, porque con esos 2.100 euros del principio ya le había pagado incluso dos años de alquiler y él aprovechó para denunciarme y ahora el juez tiene en cuenta ese impago y me echan a la calle con mis hijos”, dice desesperada. Cree que el juez no valorará el resto de la situación y que “me han engañado y se va a seguir haciendo porque a él le compensa pagar esa multa y seguir engañando a la gente”. Además, le reclaman el dinero y no sabe qué hacer porque su pareja, con un paro de 394 euros y sus 30 euros que se gana vendiendo papeletas de Cruz Roja todo el día, no les da “para poder ahorrar de nuevo y tener para la fianza al menos y el primer mes porque gasté mis ahorros en este alquiler”. Muestra además un mensaje donde el propietario y supuesto estafador “nos amenaza y dice que dio parte a todas las agencias para que nos nos alquilen por morosos, algo que no hemos sido nunca. Hemos caído en la trampa y nos vemos en la calle con unos niños de doce, seis y dos años, estamos cansados”. Pero aún así, sacan fuerzas y agradecen a Cáritas de San José la comida que les permite seguir adelante y a la Ciudad el apoyo “porque la situación está mal y al menos contar con ellos nos ha servido para saber esto y advertir a la gente para que no les pase, aunque el juez decida desahuciarnos finalmente”.
Cada vez hay más casos y más necesidades
Desde Asuntos Sociales se viene advirtiendo desde hace tiempo la situación que atraviesan muchas familias en la Ciudad y la necesidad de incrementar las ayudas para resolverlo, pero la oposición acusa al PP de que no hace suficiente mientras que la titular del área insiste en la necesidad de incrementar la construcción de Viviendas de Protección Oficial, porque ni siquiera las que se entregarán próximamente en Loma Colmenar van a solventar la mayor parte de los casos que ocurren en la actualidad. Mientras el año pasado se incrementó el gasto de ayuda para el alquiler de vivienda un porcentaje importante, este año la consejera auspiciaba que las cosas empeorarían, resaltando el problema de que “cada vez vienen más familias de fuera porque se quedan sin trabajo a vivir de nuevo bajo la protección de los padres y el incremento del desempleo, el alto precio de los alquileres en la Ciudad y otras situaciones, son agravantes de un problema ya preocupante de por sí”. Al caso denunciado por Adriana Pérez Lima, se suman otros muchos de personas que reciben una VPO y se lucran con ella porque realmente no la necesitan y sacan dinero por alquilarla. En este caso se trata de una promoción en Bermudo Soriano, una barriada en la que la familia se siente “bien y muy acogida e incluso los vecinos nos han animado a montar incluso una plataforma y que nos ayudarán en lo que sea... pero la ley es la ley y si nos echan, nos iremos a la calle. Es lo que toca”.
