Una decena de sirios recibe orden de expulsión al negarse a pedir asilo

CEAR denuncia  que el miedo a que se aplace su salida de la ciudad empuja a declinar la protección.

Un portavoz de la comunidad siria que reside en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, explicó ayer que una decena de compatriotas han recibido la resolución de expulsión de España que les notificó la Oficina Única de Extranjería y la Delegación del Gobierno, es decir, que tendrán prohibida la entrada a Europa durante tres años en aplicación del acuerdo Schengen. Así lo determina el procedimiento sancionador en materia de Extranjería tras la propuesta de resolución de expulsión y el acuerdo de iniciación del procedimiento.
En cuanto un inmigrante solicita asilo al llegar a la ciudad autónoma, la Administración General del Estado le reconoce esa protección internacional y su permanencia en este país es regular. Pero, ¿qué ocurre si declina esa cobertura legal o bien se le deniega? Su estancia es considerada irregular y, por tanto, la Policía Nacional puede ordenar esa deportación a su lugar de origen.
No obstante, ante este tipo de situación cabe recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el caso de que el extranjero –defendido– solicite esa asistencia letrada, la cual correspondería al Colegio de Abogados de Ceuta a través de su turno de oficio y con la mediación del intérprete del Cuerpo Nacional.
Entonces, ¿por qué los sirios se negaron a acogerse a esta protección internacional si se exponían a esta vulnerabilidad? Como ya ha denunciado en numerosas ocasiones la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en sintonía con los dictámenes del relator especial de Naciones Unidas y su Alto Comisionado para los Refugiados; las recomendaciones de la Defensora del Pueblo; y las sentencias emitidas tanto por los tribunales superiores de justicia como por los juzgados del Contencioso-Administrativo, los inmigrantes del CETI temen que su estancia en Ceuta se prolongue en el tiempo de acuerdo con la experiencia de solicitantes de asilo que, antes que ellos, pasaron por el centro del Jaral y estuvieron incluso años en el mismo.
Esta “práctica” administrativa ha sido tachada por CEAR de “discriminatoria e ilegal” y, en esta decena de sirios, queda de manifiesto el “mal funcionamiento” de este sistema por la “ilegalidad llevada a cabo por la Comisaría de General de Extranjería y Fronteras y la Delegación del Gobierno”.
Si la sentencia dictada por el Contencioso es desfavorable a los demandantes, el grupo tendría que volver a Siria, país que se encuentra sumido en un conflicto bélico. Cómo se les devolvería a este lugar devastado por la guerra civil, sería la siguiente cuestión a tener en cuenta.
La resolución del recurso tardaría de cuatro a cinco meses aunque, como es habitual, los residentes del CETI son derivados a la península y la sentencia recae en Ceuta cuando ellos ya se encuentra en otros puntos de España o quizás en paradero desconocido.
Después de cruzar el Estrecho, sin esta protección internacional, esta bolsa de extranjeros se convierte en pasto de las mafias, por ejemplo laborales, trabajando en sitios muy precarios y de forma clandestina porque no tienen autorización de trabajo ni de residencia.

La paradoja del ‘tercer fuera’

Existen residentes en el CETI que, de forma voluntaria, solicitan la orden de expulsión definitiva que pone fin a este procedimiento, o como es conocida entre los inmigrantes que habitan las dependencias del Jaral, el tercer fuera.
El sirio que expuso ayer la problemática de una decena de compatriotas mostró el primer fuera –cuando se incoa el expediente–; el segundo –la propuesta de resolución– y el tercero –orden de expulsión en sí– como los tres trámites que el extranjero debe superar antes de su traslado a la península tras rechazar, en su caso, la protección que otorga la condición del acogido.
Sin embargo, la asistencia letrada no puede ayudar a que el inmigrante obtenga un procedimiento sancionador desfavorable ya que va en contra del código deontológico del abogado además de entrañar una paradoja que el residente busque la expulsión del país para llegar a la península.
Los sirios explicaron ayer que, pese a haber transcurrido un mes desde que recibieron la notificación de la expulsión, aún continúan en el CETI a diferencia de los subsaharianos que, dijeron, parten a la península una semana después de recibir esta orden. Supone un contrasentido que los sirios, aunque escapen de una guerra civil en su país y reúnan las características del asilado, rechacen esta protección internacional.