Casi todos los que aquí vivimos estamos recibiendo llamadas desde el resto de España de parientes y amigos que nos expresan su gran preocupación ante la difícil coyuntura en la que el gravísimo problema de la masiva inmigración ilegal africana está afectando a Ceuta Estoy seguro de que lo mismo les ocurrirá a los melillenses. Algunos, bienintencionados, hasta nos sugieren que lo mejor que podríamos hacer era marcharnos de aquí, antes de que nos arrollen. Está claro que la clamorosa reacción –basada en suposiciones e incluso en juicios temerarios- de ONGs y de la oposición en pleno ante el reciente intento de asalto a la frontera, con su triste secuela de muertes, ha influenciado negativamente en el ánimo de muchas personas. Si no podéis defender la frontera ni siquiera con munición de fogueo y pelotas de goma –nos dicen- esa ciudad está perdida.
Y es que algunos invocan los derechos humanos que sin duda asisten a los que pretenden entrar en España forzando ilegalmente sus fronteras de Ceuta y de Melilla, pero olvidan los que asimismo nos corresponden a quienes aquí residimos. Porque tal como están las cosas, corren peligro nuestros derechos fundamentales a la libertad, la seguridad, la residencia, el domicilio o el bienestar social ante una eventual invasión de miles y miles de subsaharianos que ahora pueden estar detectando -junto con las mafias que trafican con ellos- señales de debilidad en la defensa de dichas fronteras.
El caso es muy serio, y merece –como ya han acordado los respectivos Presidentes de ambas ciudades- una acción conjunta y decidida para la adecuada protección de nuestros legítimos intereses, en Madrid y, si es preciso, en Bruselas, a la cual deberían sumar sus fuerzas los partidos de la oposición, en lugar de dedicarse a la crítica –a estas alturas probadamente injusta- o a hacer propuestas que pueden poner en peligro importantes intereses comerciales, con la consiguiente repercusión sobre la recaudación del IPSI. La unión hace la fuerza.
Sí, ya sé que yo mismo, como Senador, dije en 1995 ante el Pleno de dicha Cámara que si los inmigrantes ya están en Ceuta, ya están en España, por lo que debería buscarse una fórmula para que pasaran pronto a la Península. Porque su meta no está aquí, sino más allá del Estrecho y, en muchos casos, más allá de los Pirineos. Pero tropezamos con un conflicto legislativo. Al asumir el Reino de España el tratado de Schengen hizo constar en el Acta Final del instrumento de adhesión –respondiendo a lo que se le solicitó desde estas ciudades, y así me consta- una declaración especial sobre Ceuta y Melilla, según la cual, habida cuenta de que los residentes en las provincias limítrofes marroquíes de Tetuán y Nador podrían seguir entrando en estas ciudades sin visado, y los del resto del territorio marroquí con visados limitados a Ceuta o a Melilla, España, con el fin de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo las condiciones enumeradas en el artº 5 del Convenio de Schengen, en virtud de las cuales fueron autorizados a entrar en territorio nacional por la frontera exterior, mantendrá controles (de identidad y de documentos) en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla, tanto con destino a otro puerto español como a otro Estado parte del Convenio. De ahí, la legalidad de la actuación policial que impide la salida de marroquíes que hayan entrado en Ceuta sin visado o con visado limitado, así como la de cualquier otro extranjero carente de la autorización correspondiente. Y para suprimir estos controles podría ser que hubiera de acabar con las entradas sin visado o con visados limitados. Pongan esto en la balanza y calculen qué nos conviene.
También me consta, en ambos casos por haber sido Senador tanto de la oposición durante la legislatura de 1993 a 1996 como del partido en el Gobierno en la siguiente (1996-2000) que la postura del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Inmigración sobre el tratamiento a los inmigrantes ilegales que hubieran llegado a Ceuta o a Melilla no varió con el cambio de signo del Gobierno, y consiste en prolongarles lo más posible su permanencia en estas ciudades e impedir facilidades que hicieran atractiva su entrada en España por ellas, a fin de evitar así un “efecto llamada” que, de cualquier modo, se ha producido. De ahí que frente a lo que dispone la Ley de Extranjería, en Ceuta y Melilla no existan sendos Centros de Internamiento de Extranjeros, de los que forzosamente ha de salir el interno al cabo de seis meses si no se ha procedido a su expulsión, sino Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, en los que éstos no están internados, aunque en la realidad están confinados, pues no se les permite salir hacia la Península o hacia otros países de la UE incluso cuando su estancia, como sucede en muchos casos, se prolongue durante años.
Ahora que se habla de reformar la popularmente denominada Ley de Extranjería, en unos términos que en principio me inquietan, ya que, al parecer, se deja una puerta abierta de par en par, quizás sea el momento de solicitar para estas dos ciudades, en cuanto a la estancia de inmigrantes ilegales, el trato que rige en el resto de España, es decir, el previsto en la Ley. Está comprobado que, de seguir así las cosas, hacer de centinelas para guardarle las espaldas a Europa dista mucho de ser rentable. Más bien lo contrario, si le hacemos caso al twitter de la Sra. Comisaria de Interior.
