La Ciudad acumula 43 reclamaciones admitidas por falta de respuesta en tiempo y forma a peticiones de información, cinco solo el mes pasado
La Ciudad Autónoma sigue cojeando en transparencia y no solo porque lo diga el Tribunal de Cuentas, que en su último informe de fiscalización ha lamentado múltiples “carencias”, sino también porque no deja de acumular reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por su falta de diligencia o, directamente, “silencio”, a la hora de responder a las peticiones de información que se le trasladan. Ese órgano entró en funcionamiento a finales de 2014 y la Ciudad rubricó su primer convenio de adhesión hace casi dos años, el 25 de febrero de 2016. Desde entonces acumula 43 quejas con razón. Solo el pasado mes de enero, la lista sumó otras cinco reclamaciones admitidas. En todos los casos la Administración dio la callada por respuesta a las peticiones que recibió para, por ejemplo, acceder a informes jurídicos en relación con la reducción de la cuotas de la Seguridad Social en 2016 en Obimace; a los evacuados en Acemsa para retirar el envío de la factura en papel a los clientes de la empresa municipal; y a las liquidaciones efectuadas a los gerentes del ICD. Con el silencio replicó también a las solicitudes para conocer desglosada por categoría laboral y antigüedad la composición de la plantilla de Obimace y para saber el número de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) atendidos desde 2013. Las resoluciones del Consejo de Transparencia acostumbran a ser siempre las mismas: instar a la Ciudad a facilitar la información requerida en el plazo de diez días. La Ciudad no alega causas de inadmisión o acceso restringido para negar información El marco legal al que ceñirse está claro, pues la normativa “reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley”. Si no se demandan datos personales, no se invoca la concurrencia de alguno de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley (seguridad nacional, asuntos exteriores, intereses económicos...) ni alguna de las causas de inadmisión reguladas en el artículo 18 (que sea necesaria una acción previa de reelaboración, que esté en borrador...) la respuesta ha de ser afirmativa pero la Ciudad acostumbra a recurrir al silencio. Durante el año pasado fueron una ristra las reclamaciones estimadas por el Consejo contra la respuesta, por tardía o falta de ella, de la Administración autonómica, que faltó a su deber de facilitar en tiempo y forma la relación de contratados como personal interinos y temporales, el expediente de contrato del servicio de asesoramiento en el ICD, los expedientes incoados a compañías eléctricas por cortes de suministro en Ceuta, las actividades programadas en la piscina ‘Lorena Miranda’, la lista de anuncios y campañas de publicidad institucionales, los vehículos trasladados al depósito judicial, etcétera. Inadmitidas o retrotraídas.
Inadmitidas o retrotraídas
En lo que va de este año el Consejo no ha admitido una reclamación contra la Ciudad sobre la elaboración de los Presupuestos al entender que “más que información pública” lo que se solicitaba era “una valoración subjetiva o un posicionamiento respecto del modelo de política de personal dejando, incluso, entrever la existencia de uno alternativo”. Además, ha ordenado retrotraer las actuaciones a las que se referían cuatro reclamaciones sobre la empresa concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros en autobuses urbanos para conocer inventario material y personal, líneas y trayectos, contratos de publicidad y renovación de su flota. En todos estos casos lo que se ha resuelto es que la Consejería de Gobernación que dirige Jacob Hachuel vuelva a remitir “solicitud de acceso a la información a la empresa concesionaria”.
Cada reclamación, alrededor de 130 euros
La Ciudad Autónoma trasladó hace casi dos años al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno su competencia para “la resolución de las reclamaciones” previstas en la Ley de Transparencia respecto de las resoluciones dictadas por la Administración y su sector público periférico sin por ello renunciar a la misma. En virtud de ese acuerdo, el Consejo se encarga de “tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento” de dichas reclamaciones en los plazos legales, así como de remitir a la Ciudad y a los interesados sus pronunciamientos. La Administración, por su parte, debe registrar y dar entrada a las reclamaciones para ponerlas en conocimiento del Consejo. Es la Ciudad Autónoma la que asume el gasto de cada trámite, cifrado en unos 130 euros (“entre los 123 y los 139 euros”, se calculó). El acuerdo tiene una periodicidad anual que se prorroga por acuerdo expreso entre las partes “siempre con anterioridad a la finalización de su plazo de duración”. El pacto es administrado por una Comisión de Seguimiento que está formada por dos integrantes de cada una de las partes, asumiendo los del Consejo tanto la Presidencia como la Secretaría de la misma, en cuyo seno deben dirimirse “cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio”.