Un testigo niega, ahora, que los acusados echaran al imán por el control de la mezquita

El juicio de la ‘Operación Duna’ avanza con muchas sorpresas en el camino.

Cada sesión va dejando desplantes en las testificales que terminan causando sorpresas en el Ministerio Fiscal, que ha llevado hasta el final las peticiones de hasta once años de cárcel para los nueve ceutíes acusados de prácticas radicales.
Ayer, tercer día de vista judicial en la Audiencia Nacional, tocaba el momento de escuchar a ocho personas, entre las que se encontraban los dos testigos protegidos sobre cuyas declaraciones la Policía sustentó parte de sus investigaciones. Pues bien, ninguno de los dos, a pesar de estar debidamente citados, acudió a la vista judicial. El fiscal Carlos Bautista, visiblemente molesto, instó a la Sala a requerir policialmente la localización de los mismos para que se presentaran en la Audiencia Nacional y pudieran declarar en alguna de las sesiones orales fijadas hasta el próximo 29 de marzo, fecha en la que está prevista la finalización del juicio.
Tampoco se presentó una figura que era considerada clave. Y que lo sigue siendo: el imán de la mezquita Darkawia, del Príncipe, que fue echado del templo. Según mantiene el Ministerio Fiscal, lo habrían echado los acusados, ya que, como presuntos miembros de una célula islamista, planeaban “liberar” Ceuta y Melilla para convertir de nuevo España en Al-Ándalus bajo dominio musulmán. Las acusaciones del Fiscal, basadas en las investigaciones policiales, señalan esta mezquita, como zona que querían controlar los acusados, concentrados en torno a la figura de Mohamed Fuad Abdeselam, al que acusaron de ser la persona que acordó expulsar al imán y sustituirlo por dos marroquíes “que predicaban la versión más extrema del islám”. Pues bien. Ayer el imán de la mezquita debería haber comparecido para explicar cómo le echaron y qué supuestas presiones había recibido. No compareció, tampoco lo hicieron otros vecinos de la barriada del Príncipe que habrían sido testigos de todas estas presiones.
De las ocho personas citadas ayer tan sólo declararon dos. Uno de los que declaró, un vecino de la barriada, dejó en evidencia todas las tesis policiales. Y es que en su testifical negó que hubiera manifestado ante la Policía que los acusados habían gestado este peculiar asalto en la mezquita. Es más, dijo que él nunca había hecho este tipo de declaraciones y, además, dio otra versión bien distinta del porqué de la marcha del imán. Exculpó a los imputados de haberle echado y situó su marcha en motivos más sentimentales que extremistas, ya que, dijo, había sido motivada por una supuesta relación con una mujer.
La otra persona que declaró lo hizo por videoconferencia. Se trataba de un hermano de uno de los acusados que tan sólo pudo declarar que la madrugada de aquel diciembre de 2006 entró la Policía en su vivienda pero no fue testigo del tipo de registro concreto que llevó a cabo. Entre las personas citadas ayer y que no comparecieron estaban los cambistas que fueron atracados en el Tarajal y de cuyo robo con intimidación se acusa a uno de los acusados. Para la jornada de hoy se espera la declaración de varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la operación Duna.

No pudieron escucharse las grabaciones que hizo la Policía

Durante la sesión judicial de ayer, y dada la ausencia de la gran mayoría de testigos llamados a declarar, se quiso escuchar el contenido de las grabaciones que habían sido fruto de la intervención policial. No se pudo dar este paso debido a problemas técnicos, así que se espera hacerlo en las próximas jornadas. El Ministerio Fiscal ha solicitado que se escuchen las grabaciones así como que se visionen los videos que fueron localizados en las viviendas de los detenidos. No obstante la defensa ha solicitado la impugnación de las mismas. La intervención llevada a cabo en la barriada fue el último paso de varios meses de investigación que partieron de una nota informativa remitida por la Jefatura Superior de Ceuta. Esa nota informativa fue la que motivó la intervención de las brigadas de Madrid, llevándose a cabo la operación bajo el amparo judicial del juez Baltasar Garzón. El mismo juez al que luego los familiares de los detenidos intentarían ver en varias ocasiones y hasta remitirían una carta pidiéndole intervenir ante unas detenciones que han considerado equivocadas.