Un Séneca en la Guardia Civil de Melilla

Juristas de todo el mundo están pendientes de las próximas declaraciones del representante de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla (APROGC). Es un sabio del derecho internacional y referente para cualquier profesional del derecho. Sin embargo, para nosotros, es el Séneca español. Como saben los lectores, Séneca fue un gran escritor, dramaturgo, filósofo y, sobre todo, un extraordinario político de la Antigua Roma, conocido por su capacidad y talento como orador.
Hablando de Séneca me viene a mi frágil memoria, ya que hablamos de inmigración, aquella frase en la que decía “No nací en un rincón remoto: mi patria es el mundo entero”. En eso coincido con Séneca, los hombres somos ciudadanos del mundo y el mundo entero es nuestra patria. Pero inevitablemente los hombres ponen fronteras a los hombres y nos convertimos en ciudadanos de una sola patria y para trasladarnos de PATRIA necesitamos pasaportes o tener dinero, porque con peculio adquirimos los pasaportes y el vuelo al país. La diferencia de un negro con pasaporte a uno que no lo tiene es muy fácil, al primero lo llamamos turista de color “Samuel Etóo”, al segundo un sin papeles negro. 
Guillermo Prada, representante de APROGC, fue el dirigente que dividía a los guardias civiles en “frustrados, la masa aborregada y los adormilados”. Su amigo era más generoso y nos dividía en  “Las Ratas y los Prusianos”. Por supuesto, este derroche de inteligencia tuvo sus frutos y fue condecorado el pasado 24 de mayo, a propuesta de la Comandancia de la Guardia Civil. Desconozco si este derroche de oratoria fue la causa de la condecoración. Pensábamos que iba a ser sancionado, pero fue condecorado y eso demuestra que solo “un ser tan especial puede permitirse ese lujo”. Su oratoria a lo  Séneca fue recompensada.
Hace unos días leía unas declaraciones del Sr. Prada –ya lo conocen por el pequeño preámbulo- en las que he podido leer, entre otras declaraciones: “La Guardia Civil no comete ilegalidades”, por supuesto que no, las ilegalidades las cometen los guardias civiles que pueden vulnerar las leyes, nunca se condena a la Guardia Civil, se condenan a los guardias civiles. Recuerdan ustedes al General Galindo y a otros muchos compañeros que fueron condenados y expulsados de la Guardia Civil.
Habla el Sr. Prada de que Marruecos toma la última decisión de donde se trasladan a los inmigrantes en caso de que una embarcación procedente de dicho país naufrague y tenga que ser auxiliada por la Guardia Civil. Es decir, Marruecos decide soberanamente lo que tiene que hacer el gobierno español en caso de socorrer a ciudadanos procedentes de su país. Claro que viniendo de esta Autoridad en Derecho Internacional no pongo en duda que estará bien informado y autorizado a decir semejante descredito al Gobierno Español.
Dice el Sr. Prada que si un inmigrante salta la valla y toca suelo español, jurídicamente hablando no está en España y, por lo tanto, no hay que conducirlo al Cuerpo Nacional de Policía para hacerle un expediente de expulsión. Sin embargo, si un inmigrante salta la valla y nadie lo ve y aparece dos horas más tarde sentado en la Plaza de España y no se tiene la certeza por dónde ha entrado hay que presentarlo al Cuerpo Nacional de Policía. Esas horas son suficientes para que se quede en España; pero si salta la valla y un guardia civil sale detrás sin perderlo de vista, esa persona está intentando de entrar en España según la fiscalía.
De todo lo manifestado por el Sr. Prada, tenemos una cosa clara y otra no tan clara, pero él nos despejará las dudas con su sabiduría y después responderemos para siempre: La primera, que un inmigrante sin documentación hay que presentarlo al Cuerpo Nacional de Policía para hacerle el expediente administrativo correspondiente.  La  segunda, nos lleva a realizarle las siguientes preguntas:
1.- Qué garantía constitucional tiene el que entra en España y es detenido por la Guardia Civil en el perímetro fronterizo.
2.- Qué documentación administrativa se le hace para garantizar que esta persona no ha sido sometida a malos tratos o se han vulnerado derechos de cualquier índole.
3.- Por dónde se expulsa y quién se hace responsable que dicha persona ha sido tratada conforme a la ley y como un ser humano.
4.- Cómo sabemos si esa persona nos manifiesta que está siendo perseguida como refugiado político o es menor de edad, si está enferma,  si no disponemos de interpretes que nos puedan garantizar que no nos estamos excediendo en nuestras atribuciones.
5.- Si los detenemos en el perímetro le tenemos que leerles los derechos constitucionales o no. Donde firman que han sido informado de sus garantías constitucionales.
6.- Si piensas que has ido detrás de dos inmigrantes que han saltado la valla y no lo has perdido de vista y al final te equivocas, ¿Qué es lo que podría ocurrir?. Porque al parecer, en Melilla se han expulsado dos menores por el perímetro tutelados por la Fiscalía. No sabemos si será cierto o no, ya lo decidirán los jueces, pero si es cierto quién es el responsable del delito de detención ilegal ¿Los guardias de la frontera, el que abrió la valla para expulsarlos, los que se equivocaron, los responsables de la Comandancia o el Delegado del Gobierno, la fiscalía de menores por no ejercer su deber de protección?. Hablamos del responsable de unos supuestos delitos muy penados y AUGC trata de que los guardias civiles trabajen con garantías legales y que se respeten los derechos de los ciudadanos con o sin documentación. Debemos cumplir y hacer cumplir las leyes. Solo eso, ningún exceso se nos puede permitir, pero si los hay, que el exceso sea de informarlos de los derechos que le correspondan, de garantizar al máximo sus derechos constitucionales y como seres humanos, porque nadie ha sido condenado por excederse en la protección de los derechos ciudadanos.
Hay muchas más preguntas, pero espero que a quien corresponda conteste nuestras dudas, porque personalmente no tengo ninguna: ciudadano que se detenga en territorio español hay que leerle los derechos y ponerlos a disposición de la Autoridad Administrativa y judicial que corresponda y al que trate de impedirlo, solo queda denunciarlo ante la Fiscalía.