El Ministerio del Interior desoye el informe del Consejo de Estado que informó en contra de la reforma disciplinaria que pretende aplicarse a los trabajadores de la Guardia Civil por vulnerar el derecho de reunión. Como el día de la marmota, de manera machacona los diferentes gobierno “democráticos” de este país, a través de su Ministerio del Interior, vuelven a insistir en su empeño de recortar los escasos derechos que tienen los guardias civiles. Lo intentó primero el último ejecutivo del Partido Socialista a través del artículo 13.1 de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero la Defensora del Pueblo tuvo que enmendarle la plana y recordarle que los guardias civiles no son sacerdotes y por tanto no tienen la condición militar las 24 horas de los 365 días del año.
El cambio de partido político no ha implicado un cambio de actitud. El gobierno del PP lo intentó primero a través de una disposición adicional al proyecto de ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas, pero el varapalo que le supuso el informe negativo del Consejo de Estado le obligó a dar marcha atrás en su proyecto “militarista”. Un informe en el que se recordaba al Ejecutivo que su “ansia” por remilitarizar a los guardias civiles vulneraba derechos fundamentales de los trabajadores de esta Institución, como el de reunión y libertad de expresión. Y así, a regañadientes, al grupo popular no le quedó otra que retirar la disposición cuando el texto llegó a las Cortes.
Pero los que se creen en posesión de la verdad absoluta difícilmente aceptan que no se les dé la razón. Y cuando además de contradecir sus tesis se les “enmienda la plana”, se revuelven y tornan al ataque convencidos de que a fuerza de insistencia terminarán por lograr su propósito: “Atar en corto” a los guardias civiles y hurtarles los derechos conquistados a fuerza de lucha y expedientes. Así ignorando el dictamen del Consejo de Estado, igual que niño pequeño ignora las recomendaciones de sus padres, el Ministerio del Interior ha vuelto a la carga y trata de colarnos a “escondidillas” por medio de una enmienda del Grupo Popular la misma disposición adicional que el Consejo le tumbó hace unos meses de manera contundente.
Insiste el PP en querer descabezar el movimiento asociativo en la Guardia Civil a través de la “sanción colectiva”, de esta forma todos los miembros de una junta directiva serían expedientados por los acuerdos adoptados, salvo aquellos que votaran en contra o no hubieran intervenido. En definitiva una nueva medida coercitiva que pone de manifiesto el poco respeto que se tiene a la labor ejemplar que las Organizaciones Profesionales de la Guardia Civil realizan. Un trabajo que solo pretende mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Institución, sin distinción de la escala a la que pertenezcan.
Una cabezonería que lleva al Ministerio del Interior a amenazar con la expulsión del Cuerpo a quienes “organicen, participen o asistan en lugares de tránsito público a reuniones o manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo, haciendo uso de su condición de guardia civil”.
Es decir contraviene todo el informe elaborado por el Consejo de Estado, quién además hacia especial hincapié en que fuera retirado el término “reivindicativo” ya que, por lógica, no puede existir el derecho de reunión y manifestación si se prohíbe reivindicar al trabajador. Pero es más, también reclamó que la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil se tramitase de manera separada del de las Fuerzas Armadas.
La misma contumacia que muestra el gobierno por remilitarizar este cuerpo policial, la tiene AUGC para defender los intereses de sus compañeros y compañeras. Por eso no va a rendirse sin antes presentar batalla en la calle con una gran manifestación frente a la Dirección General. No será la primera ni la última si desde el Gobierno se insististe en querer aplicar a policías un régimen disciplinario militar.
