Un hostal reclama a la Ciudad el alquiler de varias familias alojadas

La Administración local asegura que les comunicó que el alojamiento de urgencia había finalizado y que le ofrecieron un piso de alquiler y ellos lo rechazaron El Hostal Eurodina, situado en Benítez, reclama a la Ciudad el dinero del alquiler de varias familias desde el pasado mes de enero, cuando la Administración local dejó de pagarle, una situación que tal y como asegura su propietario, Sadik Mohamed, les ha dejado al borde de la quiebra. Y es que, según indicó, este hostal cuenta con diez habitaciones, y siete de estas están ocupadas por familias que vienen de Servicios Sociales, las cuales no les generan ingresos pero sí gastos, los correspondientes al consumo de luz y agua.
Esta circunstancia ha llevado a esta pequeña empresa a verse obligada a despedir a los dos trabajadores que tenía contratados, al no poderle pagar sus nóminas. “Me gustaría preguntarle al presidente Vivas por qué hacer un servicio para la comunidad me ha llevado a la quiebra y ha dejado a dos familias en el paro. Ahora tenemos que empezar de cero”, manifestó Sadik Mohamed en declaraciones a este medio.
Estas familias llegaron al hostal en el mes de diciembre, cuando habían sido “echados” del Hostal Lisboa. “Nos trajeron a cinco familias y las metimos porque era invierno y había niños”, explicó el propietario, quien dijo que los primeros dos meses la Ciudad aceptó las facturas pero ya les envió una carta adelantando que a partir de enero no se haría cargo de estos alquileres. Entonces, el propietario repartió la carta a los inquilinos y los instó a acudir a Servicios Sociales porque desde la Consejería le habían dicho que tenía que echarlos. En el transcurso de esta reunión, relató el propietario, recibió una llamada de la titular del área, Rabea Mohamed, quien le dijo “que hasta que no supiera qué iban a hacer con ellos no me preocupase de nada”. Pasaron los meses, según contaron desde el hostal, y cuando acudió a Servicios Sociales, una empleada de este área le indicó “que había una orden de no pagar las facturas que llegaban a partir de enero”. Finalmente las facturas no se abonaron “porque según me dijeron no existe un contrato”. El propietario del hostal dice que le deben “más de 50.000 euros”.
Sadik Mohamed añadió que no puede echar a los inquilinos del hostal debido a que vinieron de la mano de la Ciudad y ellos entienden que no tienen esta relación con la empresa, sino con la Administración.
Los inquilinos también aseguraron ser afectados en este caso. Y es que dicen que quieren marcharse a un piso pero “a Servicios Sociales no quieren alquilarle nada porque no paga”, manifestó Fatima  Sora, una de las personas que viven en el hostal. Esta inquilina lamentó que sus tres hijos cada día le preguntan “cuándo nos vamos a ir de aquí, porque hacemos vida en un cuarto”. Aseguró que tiene una ayuda de 420 euros, de los que le quitan unos 300 por un embargo.
Abdel Alí Abdelkader también se siente víctima de este asunto, por lo que ha denunciado a Servicios Sociales en dos ocasiones. Lamentó que tras salir de prisión en 2011 “se dirigió a los servicios sociales y se le denegó todo tipo de ayuda”, indica la denuncia. Así, pedía al juez que se investigara las ayudas concedidas. Aseguró que aún no sabe nada de estas denuncias, que no ha recibido notificación alguna.
Por su parte, desde la Ciudad aseguraron a este medio que a los inquilinos se les ha acabado el alojamiento de urgencia, y que la Administración se lo comunicó con un mes de antelación tanto a estos como a los propietarios del hostal.
Tal y como indicaron desde la Ciudad, lo normal en este tipo de alojamientos es que cuando finaliza este programa de urgencia, las personas acogidas al mismo se vayan a una vivienda de alquiler, donde tienen otras prestaciones como por ejemplo cocina, algo que no tienen en las del hostal, y además es más barato. La Administración también indicó que les buscó una vivienda para alquiler y la rechazaron, un alquiler que pagaría la Ciudad según lo regulado en un reglamento de Servicios Sociales.
No obstante, la Ciudad apuntó que acabará estudiando el caso desde esta perspectiva, pero que nadie puede reclamarle ya que, aseguró, están avisados.