Un jurado popular se encargará de dictaminar la culpabilidad o no de un funcionario del ICD al que se le acusa de una presunta vinculación con un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsificación continuada en documento. La Audiencia Provincial ha señalado ya la vista para el próximo 31 de enero pero ya se está en la fase de selección de las personas que serán llamadas ese día para la constitución del jurado. Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular -que representa los intereses del ICD- defienden la implicación del acusado en ambos delitos, solicitando una pena contundente; nada menos que diez años de cárcel y la inhabilitación para ejercer su puesto como funcionario en la sociedad. Por el primero de los delitos se solicita 5 años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta, y por el segundo, el de falsificación, se pide otros cinco años, la inhabilitación especial de cinco y una multa de 9.600 euros. La defensa solicita la absolución.
Este nuevo jurado popular pretende clarificar los hechos que se sucedieron entre abril y octubre de 2008, cuando supuestamente se cometieron las irregularidades. Según consta en el escrito de acusación, el acusado, que ejercía funciones de cajero y atención al público, habría cometido una serie de anomalías con los bonos de los usuarios del ICD, lo que se habría traducido en la obtención ilícita de 7.504 euros. Esas anomalías se detectaron en un arqueo de cajas realizado el 20 de octubre de aquel año. El dinero fue reintegrado en su totalidad y el funcionario en cuestión cumplió una sanción administrativa estando apartado de sus funciones durante unos meses. No obstante la causa penal, por una presunta malversación de fondos, ha seguido adelante después de que se presentara una denuncia en la Fiscalía y se iniciaran las acciones oportunas en el juzgado de instrucción número 1. De este juzgado ha derivado a la Audiencia Provincial señalándose la figura del jurado popular como tribunal para juzgar al acusado.
Varios usuarios, como testigosAl margen de la sesión inicial del 31 de enero, la Audiencia ha reservado sala para otros dos días más debido a la cantidad de testigos que serán llamados a declarar por la Acusación Particular. Entre ellos figuran 18 usuarios de las instalaciones del ICD que supuestamente habían recibido un dinero tras haber presentado la devolución de sus bonos. Una vez prestaron declaración se comprobó que ninguno de ellos había cobrado ese dinero puesto que nunca devolvió el bono. Entre ellos está el hijo de un trabajador del ICD que, por convenio, ni paga.