Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha ha revelado que la ley de dependencia costó en 2011 el doble de lo presupuestado, por lo que propone la creación de una “hucha”, para que las prestaciones no se tengan que pagar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En una entrevista, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Raúl del Pozo, ha destacado que ésta es una de las principales conclusiones del trabajo, que dentro de unas semanas saldrá publicado en la revista ‘Hacienda Pública Española’. En su trabajo, Del Pozo estudia el coste al que las administraciones públicas tuvieron que hacer frente en 2011 para pagar las prestaciones por dependencia en grado 2 y en grado 3.
Así, en el conjunto de España, en ese año, a pesar de que el presupuesto era de 3.090 millones, se habría pagado para atender esos dos grupos de dependientes un total de 6.417 millones, de los que 2.135 millones correspondieron a prestaciones de dependientes de grado 2 y 4.283 millones, a los de grado 3.
En este estudio no se incluyen los dependientes de menor grado, ya que, según ha indicado Del Pozo, en la información facilitada por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no se recogen. En concreto, un dependiente en grado 1 es aquella persona que necesita ayuda para sus actividades diarias, como el aseo, levantarse, vestirse o beber, una o dos veces al día, mientras que los de grado 2 precisan ayuda de dos a ocho veces y los de grado 3 necesitan ayuda para todo, aunque en esta clasificación se debe tener en cuenta la valoración que finalmente hagan los técnicos.
Según los datos de SAAD recopilados por Del Pozo, Andalucía gastó en 2011 un total de 1.519,74 millones de euros para los dependientes de tipo 2 y 3; Aragón 229,63 millones; Principado de Asturias 151,14 millones; Islas Baleares 93,10 millones; Canarias 98,80 millones; Cantabria 131,93 millones; Castilla y León 470,26 millones y Castilla-La Mancha 396,10 millones.
Además, Cataluña destinó a dependencia 1.059,60 millones en 2011; Comunidad Valenciana 417,78 millones; Extremadura 173,49 millones; Galicia 302,66 millones; Comunidad de Madrid 615,69 millones; Región de Murcia 203,45 millones; Comunidad Foral de Navarra 79,55 millones; País Vasco 374,16 millones; La Rioja 84,78 millones, y Ceuta y Melilla 13,88 millones.
