Volvió a insistir ayer nuevamente el Consejo de Gobierno en dar una vuelta de tuerca al tema de la lucha contra las obras ilegales que muchas veces cambian la fisonomía de nuestra ciudad.
Por supuesto, que se trata de una asignatura pendiente porque hasta ahora todas las campañas que se han iniciado en este sentido no han conseguido los objetivos marcados. Al final, se denuncia una obra, se paraliza, y cuando llega la orden para el derribo resulta que ya se ha terminado, con lo cual el único camino que queda es el del Juzgado y allí se puede eternizar hasta que la Ciudad Autónoma pueda lograr ese objetivo de derribar. Ahora, con el inicio de la legislatura, parece que esta situación se ha vuelto a colocar entre las prioridades y una de las decisiones que se ha tomado ha sido, precisamente, la de que en cada una de las áreas que están relacionadas con el derribo de las obras ilegales existirá personal que nada más que se dedicará a estos asuntos para que no haya dilaciones y se actúe con rapidez. Confiemos en que esta nueva fórmula que se empleará por parte del equipo de Gobierno cunda y haya resultados, porque, de otra manera, será nuevamente un intento baldío. Porque nadie discute, por supuesto el interés que se puede tomar en una asignatura pendiente como la que tenemos entre manos, pero también cuenta la opinión de los ciudadanos que ven como campan a sus anchas quienes deciden un buen día construir en un terreno que no se puede y no pasa absolutamente nada.
