Un año de la tragedia del 6-F con un proceso judicial todavía abierto

La historia migratoria de Ceuta, con sus puntos claros pero también oscuros, dio un giro radical el 6 de febrero del pasado año. Las muertes de 15 personas en su intento por cruzar a la ciudad y la nefasta gestión política en materia informativa de la que se hizo gala ha terminado por enquistar un asunto aún judicializado.

De madrugada tuvo lugar el intento de entrada de cientos de inmigrantes por un paso fronterizo, el del Tarajal, en el que estaban prestando servicio menos de una treintena de guardias civiles. Fueron muchas las piedras en el camino que terminaron por dibujar un escenario dramático. Marruecos no actuó a su tiempo, ni la Benemérita pudo estar al mismo nivel de unos subsaharianos que despistaron a los agentes en todo momento. Cuando buena parte del grupo de inmigrantes intentaba cruzar por el espigón, los guardias destinados esa madrugada de servicio aún se recuperaban del cambio de ruta con el que habían sido despistados.
Y fue ahí, en ese diferencial existente entre la carrera de los inmigrantes y la reacción de los guardias, en donde se gestaría la gran tragedia sobre la que aún hoy se piden explicaciones. Las grabaciones del COS de la Guardia Civil recogen cómo los agentes se dieron cuenta de que había fallecidos al otro lado del espigón una vez empezó a clarear el día y no antes. En esa locura de carreras, lanzamiento de botes de humo, piedras y demás, 15 personas fallecían sin que ni los agentes españoles ni los marroquíes fueran conscientes de lo que estaba pasando. Más grave aún, las grabaciones que Interior tuvo que mostrar debido a la presión político-mediática enseñan a unidades marítimas marroquíes pasando por la zona donde aún había inmigrantes nadando.
Hoy el poder judicial intenta poner claridad al asunto. Lo hace también presionado y salpicado por la polémica después de que el juzgado instructor decidiera inhibirse en favor de la Audiencia Nacional contando con la oposición de la propia Fiscalía y de la Acusación Popular.
La Benemérita entregó su atestado, se tomó declaración a decenas de guardias y se evaluó el material utilizado el 6-F; todo ello para no poder responder a la pregunta que todos quieren resolver: quién dio la orden de efectuar lanzamientos de pelotas de goma al mar. Una medida que si bien se ha repetido hasta la saciedad que no estaba dirigida a atentar contra los nadadores, ha sido reconocida como poco adecuada incluso por guardias civiles de servicio.
Del informe, que adelantó El Faro, se desprende que los agentes dispararon pelotas de goma y botes de humo al agua, aunque nadie ordenó “como tal” que abrieran fuego. No obstante, aparece entre la hilera de folios la figura del capitán jefe de la Compañía de Seguridad Ciudadana de Ceuta, quien, sin rubor alguno, declaró cómo aquel día echó a correr hasta la punta del espigón, cogió el fusil de un agente y disparó tres veces para “dar ejemplo” a los demás de cómo había que actuar. Devolvió la bocacha después “entendiendo que los guardias civiles que allí estaban habían entendido la forma de usarlas”.
Mientras judicialmente se espera confirmar si será la Audiencia Nacional la que lleve el caso, aún nada se sabe de los resultados de la comisión rogatoria trasladada a Marruecos para que, entre otros puntos, informe oficialmente de los resultados de las autopsias que fueron practicadas a los cadáveres hallados allí. Las realizadas en España no contemplan la existencia de lesión alguna causada por el impacto de pelotas de goma.
El 6-F supuso un cambio absoluto en materia migratoria, más bien derivado de las entregas que se hicieron de los inmigrantes llegados a la playa ante los ojos ojos de manos de la Guardia Civil pero también de asesores directos de la Delegación del Gobierno. A Interior no le quedó otra que defender esa acción, jugar a rizar el rizo con el empleo de términos que huyeran de la combinación ‘devolución en caliente’ y buscar reformas legales para dar seguridad a los guardias civiles cuyas asociaciones empezaban a reclamar protecciones.
El PP, enfrentándose a juristas y al resto de partidos y asociaciones, ha impulsado la reforma en materia de extranjería para recoger esta práctica exclusiva de rechazos de Ceuta y Melilla y darle rango legal. El texto, aún en el Senado, dice que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. La medida ya se ha puesto en práctica a la vista de todos tras el intento de entrada llevado a cabo el pasado martes en Benzú.