Un último informe policial cerrará la instrucción del ‘Caso Emvicesa’

La instrucción del ‘Caso Emvicesa’ está a punto de escribir su punto y final. El informe elaborado por la Policía Nacional que contiene el resultado del análisis de un teléfono móvil de Antonio López ya ha sido entregado en el juzgado con unos resultados que, apuntan fuentes judiciales, “no son muy relevantes”. Era lo último que esperaba la magistrada que instruye la causa para concluir con una instrucción que tuvo su momento cumbre con la detención del exgerente de Emvicesa, Antonio López, en febrero de 2017 y la cadena de arrestados que siguió días después.

La publicación de la lista fantasma provocó el 2015 el origen de este caso al haber denuncia del Ayuntamiento.

El auto de procesamiento es ahora la clave del que sin duda es el caso judicial más relevante seguido en los tribunales de Ceuta por las repercusiones políticas que ya ha tenido y las que puede tener. Y es que la política de vivienda no es ni por asomo la que era, la que se puso en evidencia conforme iba avanzando una investigación que se inició por la denuncia que el propio Ayuntamiento trasladó al juzgado tras conocer la publicación de la bautizada como lista fantasma, de 2015.

El TSJA confirma que todavía se trabaja en la instrucción de este caso pero augura que en breve habrá nuevas informaciones resumidas en lo que, a juicio de la instructora, Raquel Lucini, se corresponde con la trama que ha dejado más de cincuenta investigados por un rosario de distintos delitos.

De la pieza inicial se han derivado otras bajo investigación y todas las personas que fueron detenidas o investigadas siguen en la misma situación y permanecen en libertad, cumpliendo en algunos de los casos medidas cautelares.

La instrucción ha venido marcada además por gran cantidad de recursos presentados por las partes orientados a anular, por ejemplo, parte de las escuchas policiales que sustentan apartados de la investigación. Otros, en cambio, han venido a solicitar el sobreseimiento para aquellos cuya presunta responsabilidad política en los hechos viene hilada directamente con el papel ejercido en la famosa Comisión de la Vivienda. Es el famoso debate diferencial entre el ‘aprobar’ o ‘el dar cuenta de’ que pesa en una causa en la que se quiere poner de manifiesto que aquella Comisión no tenía responsabilidad sobre las 170 viviendas de Loma Colmenar, auténtico germen de una investigación que llevó a las 317.

Los dos años bajo secreto de sumario han sido claves para la investigación

Los dos años en los que la investigación ha permanecido bajo secreto de sumario han sido determinantes para que la Policía Nacional investigara en torno a lo que podía estar gestándose en la adjudicación, ofrecimiento y venta de viviendas públicas. Algo que a la Policía no le venía de nuevas. La investigación en torno al asesinato del conocido como Ribery, en junio de 2014, ya hizo aflorar intervenciones telefónicas en las que se vislumbraba la existencia de canales irregulares en torno a la entrega de VPO.

Tras la finalización de la instrucción vendrá el momento de las partes, de los informes que recojan sus conclusiones y del posicionamiento que en todo este asunto adopte el Ministerio Fiscal con el planteamiento acusador que presente en torno a los presuntos implicados en una trama que tenía como objeto el actuar de manera no rigurosa ni legal con la entrega y adjudicación de las viviendas de promoción pública.

En esa pirámide de roles que investigó la UDYCO figura, en la cúspide, el presunto líder de la trama, Antonio López, quien se habría armado de colaboradores directos e indirectos aprovechando su responsabilidad en la empresa municipal de la vivienda, de presuntos intermediarios para captar clientes. Personas que contaban con apoyo de los denominados conseguidores para llegar a quienes podrían mostrar cierto interés en obtener una vivienda pagando por ella, no siguiendo los cauces de una adjudicación reglada y sometida a criterios justos. Como complemento a esa particular pirámide de irregularidades asoman los pagadores y, en otro ámbito completamente distinto, la responsabilidad política que la justicia ve en toda esta historia que hizo saltar las alarmas en la política de vivienda del Gobierno.