El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que su departamento está a punto de concluir el expediente que permitirá solicitar ante los tribunales la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, cuya aplicación continúa a medias en Ceuta.
"Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez", señaló el titular de Cultura en una entrevista concedida a Europa Press.
Aunque no ha ofrecido un calendario concreto ni ha precisado si la medida coincidirá con el 20 de noviembre –cuando se conmemoran cinco décadas de la muerte de Franco–, Urtasun asegura que el Ejecutivo trabaja "intensamente" para poder dar el paso en cuanto sea posible.
El ministro defiende que "no es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo". En esa línea, subrayó que este es un asunto prioritario y que incluso estudian la opción de solicitar medidas cautelares que permitan paralizar la actividad de la FNFF antes de que haya una sentencia firme. "Lo estamos acabando de estudiar", reconoció.
Desde su perspectiva, resulta "fundamental" que el Ministerio de Cultura impulse acciones vinculadas a los derechos y libertades, además de "defender la memoria democrática". Urtasun añadió que es necesario que la ciudadanía tenga claro "qué significó el franquismo y la censura también para la cultura".
El proceso para extinguir esta fundación comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura inició actuaciones previas con el fin de recopilar documentación y argumentos jurídicos que justificaran la apertura formal del expediente. La competencia recae en el Protectorado de Fundaciones, que depende del departamento de Urtasun y es el encargado de llevar la solicitud a los tribunales.
Para sustentar el expediente, se han recabado informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Registro de Fundaciones de ámbito estatal y de la Abogacía del Estado.
En marzo de este año, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó en el Congreso que ya existía un primer informe, aunque se decidió completarlo para tener en cuenta las "circunstancias y vericuetos legales" que pudiera alegar la fundación tras modificar sus estatutos en 2023. Además, el Congreso aprobó, a propuesta del PSOE, una reforma de la Ley de Asociaciones para facilitar la ilegalización de entidades que promuevan el franquismo.
El documento remitido al Ministerio de Cultura antes del verano concluye que la Fundación Franco incurre en las causas previstas en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, que prevé la extinción de entidades cuando no cumplen fines de interés general o actúan contra él.
El informe sostiene que la FNFF no solo hace "apología del franquismo", sino que también "ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes". Además, indica que sus actividades implican "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
Por todo ello, el texto defiende la necesidad de acudir a la vía judicial para promover la disolución de la fundación. Asimismo, plantea que, mientras el procedimiento esté en marcha, se pueden reclamar medidas cautelares que permitan suspender de manera provisional sus actividades.
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