Eran diputados, tenían su representación en la Asamblea de Ceuta y el reglamento contempla que, de verse implicados en algún litigio judicial derivado de su condición parlamentaria, es la propia Ciudad la que tiene que hacer frente al gasto en abogados.
Casi un año después, se ha dado luz verde a ese trámite, cumpliéndose con un deber que parece haberse convertido en la última justicia en el caso Emvicesa, al menos la que afecta a quienes fueron diputados, los expolíticos Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed.
La secretaria general ha trasladado un informe a la Mesa de la Asamblea comunicando que los tres tenían derecho a una asistencia letrada abonada por la Ciudad, ya que se vieron implicados en esta macrocausa por su condición de diputados.
Quedaron absueltos, sin confirmarse las acusaciones que les llevaron a ser detenidos en un operativo de la Policía Nacional que, de hecho, nunca ha vuelto a repetirse con estas características en nuestra ciudad.
Se cumple con la normativa, igual que en otros casos en los que se han visto afectados políticos que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados por su propia actividad en la Asamblea.
Los tres expolíticos vieron, en diciembre de 2024, resuelta su situación procesal quedando libres de cualquier condena. Pasaron un auténtico calvario, y así lo contaron en sede judicial. Tuvieron que hacer frente a los costes de la asistencia letrada que buscaron por su cuenta.
Ahora la Mesa de la Asamblea da el visto bueno a lo que es un derecho que viene recogido en el reglamento.
Precisamente esa Mesa se ha reunido este lunes para fijar los días de plenos para septiembre, que tendrán lugar el lunes 29 y el martes 30, es decir, la semana próxima.
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