El personal no sanitario que trabaja en el sector de la salud de Ceuta está siendo discriminado. Así lo interpreta UGT, que ha solicitado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) una aplicación más equitativa de los incentivos económicos en el personal estatutario de sus instituciones en la ciudad.
Según ha trasladado el sindicato, Ingesa va a aplicar la disposición adicional tercera del RD 118/2023 de manera parcial. Esto perjudicará, calcula, a un total aproximado de 300 trabajadores que aunque no son sanitarios padecen "las condiciones adversas del sistema". Algo que considera "desmotivador".
Por ello insta al órgano a que reconsidere la inclusión de estos empleados en el reparto que tenga previsto ejecutar, aunque de momento no se haya revelado la cantidad destinada a tal fin, otro detalle afeado por la Unión.
De este modo la sindical alude a la capacidad del Instituto para romper "la brecha económica que va a crear entre personal sanitario y no sanitario". Por un lado, atendiendo al compromiso del Gobierno y la Administración General del Estado con la Ciudad de Ceuta, y con el personal estatutario de sus Instituciones sanitarias, a través del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta. Este, recuerda, cataloga a Ceuta como "área de difícil desempeño y cobertura médica".
Pero también tomando en consideración el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, que "indica que estos incentivos podrían aplicarse a la categoría, centro o equipo multidisciplinar y no solo al profesional que ocupa el puesto de difícil cobertura".
Un documento que pide no se utilice "arbitrariamente" por parte de la gestora.
Y es que, entre los damnificados, asegura UGT, se encuentra el personal de recursos humanos, contratación pública, servicios jurídicos, económicos, admisión, secretarias, suministros, contabilidad, almacenes, informáticos, mantenimiento, lavandería, cocina, servicios sociales, celadoras, archivos, Ingenieros, telefonistas, control de tarjetas sanitarias y citas entre otros.
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