Las conversaciones “informales” de las dos últimas semanas han dado paso, por fin, a los papeles. La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) de Ceuta ya ha hecho llegar a la Consejería de Recursos Humanos de la Ciudad una propuesta “concreta” para, haciendo “compatibles”, los principios que a finales de julio fue imposible compaginar sobre cómo trasladar a los empleados que hacen 40 horas a la semana la ampliación de la ordinaria, salvar el cobro íntegro de la jornada especial y evitar que casi medio millar de trabajadores pierdan entre 200 y 100 euros al mes.
Según explicaron ayer fuentes de ambas partes a este periódico, las posiciones de partida del Ejecutivo local y la central ugetista sobre esta cuestión no son cercanos, pero dan margen para que no sea imposible un acuerdo.
El Gobierno de Vivas, que ayer se reincorporó a sus funciones habituales y que ha seguido la cuestión al detalle, mantiene un criterio irrenunciable: no se puede discriminar a los empleados. Si unos trabajan 2,5 horas más a la semana en cómputo anual, el resto deben hacer lo mismo o cobrar el 50% del complemento que perciben por realizar 5 más.
FSP-UGT sigue convencida, por su parte, de que “la Ley no se negocia” y que, como el Gobierno no lo ha impuesto, su postura, que dice que quienes hacen 40 horas no deben verse afectados por la ampliación de la jornada ordinaria, es la correcta. Igualmente, la central mayoritaria sólo está dispuesta a aceptar una solución pactada “para todos” y no previa aceptación individual.
Para conjugarlo todo, FSP-UGT plantea, con el beneplácito más o menos expreso de policías y bomberos (el personal de museos, bibliotecas, cementerios... ya tenía sus propios acuerdos cerrados), reducir la discrecionalidad del Gobierno a la hora de fijar qué festivos deban trabajar a lo largo del año articulando un sistema de renuncias a determinados días libres que generan los singulares turnos de estos colectivos y que permita a la Ciudad cubrir servicios imponderables sin coste añadido.