La FeSMC de la UGT se ha pronunciado acerca de la intención de la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, sobre la posibilidad de que la gestión de la seguridad del
Centro de Menores 'La Esperanza' recaiga sobre la
empresa municipal Amgevicesa. El sindicato ha advertido a Deu, que en esta legislatura controla también las competencias del área de menores a través de Vicepresidencia, que la gestión de este servicio en este tipo de centros es competencia estatal, por lo que el gobierno autonómico no tiene autoridad para decidir quién gestiona este aspecto en lugares con dicha competencia. Además, desde UGT confían en que la Jefatura Superior de la Policía Local de Ceuta vele por la ley estatal que regula los servicios de estos centros, bajo la tutela del Gobierno del estado, aprobada el 4 de abril de 2014. En concreto, esta disposición que indica las funciones de los vigilantes de seguridad se encuentra en la ley 5/2014. También pide a los agentes de la autoridad local que se aseguren de que el personal de Amgevicesa realiza las funciones de vigilancia de los edificios públicos que viene realizando con anterioridad. El objetivo es evitar lo que UGT califica de "intrusismo laboral", y que podría poner en riesgo los puestos de trabajo de los vigilantes contratados por la empresa estipulada por los organismos estatales. En cualquier caso, el sindicato también recuerda que "nadie" que "ostente" la habilitación o permiso por parte del Ministerio del Interior puede desarrollar funciones de gestión de estos servicios.
Acciones tras el fracaso de las licitaciones
La Vicepresidencia del Gobierno de Ceuta empezó a buscar nuevas soluciones a medio y largo plazo para atender las competencias de este área.
De entrada, acordó encargar a Tragsatec por la vía de urgencia la redacción del proyecto necesario para corregir las deficiencias que actualmente presentan las plantas segunda y tercera del inmueble de Hadú. Estos trabajos vendrán a complementar los acometidos la pasada legislatura en la planta primera de un edificio que comenzó a utilizarse para la acogida de MENA desde hace casi siete años.
La Administración autonómica también ha previsto mejorar la dotación de recursos humanos destinados en ‘La Esperanza’ como vigilantes-celadores, origen de la queja de la FeSMC, para intentar mejorar el control de los jóvenes allí acogidos, que rondan los 300, y evitar fugas.