El mundo educativo, profesionales y sindicatos, acaban de iniciar una batalla para modificar el real decreto de acceso a las oposiciones docentes.
Los interinos de la ciudad ya lo anunciaban hace unas semanas, el principal problema y preocupación de cara a la oferta de empleo público de 2019 es que se mantenga la prueba eliminatoria, causante de la criba que se produjo en los exámenes del pasado junio y que consideran en contra de la filosofía de estas oposiciones, la consolidación y estabilización del personal.
Se trata de una pugna común en la que los sindicatos ya han tomado el mando y así se lo han hecho saber a la ministra Celaá.
UGT y CCOO se han personado de forma conjunta y han comenzado a presionar al MEFP sobre la necesidad de modificar dicha fase de acceso a la que ya se opusieron el pasado año. Aunque los sindicatos se están volcando para que los acuerdos lleguen a buen puerto, son conscientes de que el proceso es “complicado”, ya que intervienen varios factores.
Se parte de que dicho decreto ya fue modificado el pasado año para las oposiciones a Secundaria, y ahí confluye el segundo punto negativo. “Existe un agravio comparativo”, consideran, ya que establecería una desigualdad entre ambos cuerpos de opositores.
Señalan que esta prueba se opone al objetivo de las oposiciones, la estabilización
El último aspecto, y el más determinante, es que se trata de un proceso conjunto que no compete a una sola administración, ya que la decisión se adopta en la Conferencia Sectorial de Educación, donde están representadas las Consejerías de todas las comunidades y, por tanto, el acuerdo se debe adoptar por unanimidad.
En opinión de la anterior Administración la modificación del reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes suponía una buena muestra de la intención de estabilizar los puestos en la función pública. Sin embargo, los resultados dieron luz a una situación totalmente opuesta. Criba en la primera prueba, plazas vacantes, y una tasa de interinidad que no ha descendido.
Todas ellas son las premisas con las que parten los afectados para reivindicar la vuelta a la prueba de concurso-oposición. La modificación del reglamento ha conllevado a que la puntuación global se obtenga como resultado de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición (60%) y concurso (40%), frente a los dos tercios que anteriormente tenía de peso la fase de oposición y un tercio para la de concurso.
Opacidad en los criterios de evaluación
Otra de las demandas que se encuentra sobre la mesa del Ministerio es la necesidad de publicar los criterios de evaluación de los exámenes. Los opositores han denunciado en reiteradas ocasiones la opacidad u “oscurantismo” que conlleva el no conocer cómo están siendo evaluados, ya que nadie sabe los criterios que se aplican para corregir los exámenes en primera instancia y con los que se han revisado después.
Suben la nota o no (lo más habitual) sin explicaciones, sin enseñar las pruebas ni señalar aciertos o errores. Existe una falta de transparencia que la Junta Docente de la ciudad ya se encargó de denunciar ante la anterior Administración a través de una misiva a través de la que se pedía la mejora de las condiciones laborales y retributivas.
En la misma quedaba reflejada la necesidad de hacer públicos los criterios de evaluación, una vez finalizado el primer examen y la habilitación de unos días de revisión. El documento ha sido enviado nuevamente al Ministerio. Se solicitan unos criterios claros, públicos y que se fijen con cierta antelación.
