La Federación de Servicios Públicos de UGT ha tenido conocimiento de que la consejera de Educación y Cultura, Mabel, Deu, saltándose el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Ciudad, pretende trasladar a la Biblioteca Pública a un empleado de la Ciudad, “con el único aval de ser persona cercana a determinados altos cargos del Partido Popular”, apunta el sindicato en un comunicado de prensa.
UGT basa estas acusaciones en que “ya lo hizo en anterior ocasión, en que hizo el traslado sin fundamento ni soporte legal alguno, teniendo que anular tal traslado y en que para darle apariencia legal se ha estado presionando a determinados técnicos para que emitieran informes favorables sin haberlo conseguido”. Desde el sindicato consideran que determinados consejeros del Gobierno “piensan que están dirigiendo una empresa privada donde pueden maniobrar a su antojo en decisiones totalmente arbitrarias”. Es por ello que, desde UGT, recuerdan que “esto es una Administración Pública, pagada con el dinero de los ciudadanos y donde todos los actos administrativos tienen que estar fundados y conforme a derecho”. Ante estos hechos, en caso de que algún consejero insistiera en considerar que la legislación vigente en materia de traslados, o en cualquier otra materia, “no le afecta”, desde UGT anuncian que “ipso facto acudiremos a la vía penal contra todos aquellos que colaboren en traslados ilegales”. “Preferimos ponernos el parche antes de que nos salga el grano y por ello avisamos para que no se lleve a cabo el traslado de esta persona”. UGT hace hincapié en que “no es agradable tener que acudir a los tribunales”, pero que en el mismo momento en que se produzca el hecho, la querella se presentará en el juzgado de lo penal. “Esperemos que la cordura y la sensatez imperen y que este asunto no tenga mayor recorrido”, concluyen.
