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La UE no paga vallas y en el Tarajal sólo sufraga más control tecnológico

La Unión Europea (UE) no paga vallas para proteger sus fronteras exteriores porque considera que no son la mejor manera de gestionarlas y en la del Tarajal, en Ceuta, únicamente contribuye con fondos comunitarios a la instalación de sistemas de control con nuevas tecnologías.
Así se lo ha dejado claro la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, a varios europarlamentarios de dos grupos de derecha y extrema derecha que le preguntaron si para la Comisión “es admisible que los fondos de la Unión se utilicen para levantar barreras físicas, en el mar o en tierra, en las fronteras exteriores” y si está “cofinanciando” un plan español para reforzar la seguridad de las de las ciudades autónomas.
Johansson ha contestado que el órgano ejecutivo de la UE “anima a los Estados miembros a recurrir a medidas eficientes y proporcionadas con fines de vigilancia de las fronteras que se basen en el análisis de riesgos, la cooperación y el intercambio de información” y que “aunque el Código de fronteras Schengen no excluye expresamente el uso de vallas, la Comisión considera que no son la herramienta más eficaz para mejorar la gestión de las fronteras”, por lo que “no apoya el uso de fondos de la UE con ese fin”.
En relación con las ciudades españolas ubicadas en el norte de África, la política sueca ha precisado que “los fondos de la UE no se están empleando en nuevas infraestructuras en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla”.
“El programa nacional de España con cargo al ‘Fondo de Seguridad Interior: Fronteras Exteriores y Visados’ ha apoyado otras actuaciones en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, tales como la introducción de fibra óptica en el perímetro fronterizo, un sistema de recuento humano que utiliza el reconocimiento facial a través de cámaras de televisión en circuito cerrado y la actualización de dicho circuito en Ceuta”, ha precisado.
Según Johansson, “los fondos de la UE refuerzan las capacidades de control fronterizo de los Estados miembros mediante la cofinanciación de las infraestructuras, edificios, sistemas y servicios necesarios en las fronteras exteriores de la UE a efectos del control fronterizo, tales como las inspecciones en los pasos fronterizos y la vigilancia entre pasos fronterizos, en consonancia con la gestión europea integrada de las fronteras y el Código de fronteras Schengen”.
Así, los Estados miembros deben “evitar e impedir el cruce no autorizado de las fronteras”, pero el Código “no regula los instrumentos que pueden utilizarse para alcanzar ese objetivo”.
Con arreglo al Derecho de la UE, el control fronterizo debe ejercerse “siempre de manera proporcionada y respetando los derechos fundamentales”.

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