El grupo propone crear un informe de incidencia acústica para dar licencia de actividad.
El grupo UDCE presentó ayer las alegaciones a la reforma de las ordenanzas de Medio Ambiente que está llevando a cabo la Consejería con una especial aportación a la reguladora de la contaminación acústica y una idea fundamental de aumentar las sanciones contempladas.
Bajo la firma de la diputada Fatima Hamed, que ha participado en las reuniones convocadas por la Ciudad, el texto incide primero en la ordenanza reguladora del uso y conservación de las zonas verdes. UDCE pide que la infracción de encender fuego en lugar no autorizado pase a tipificarse de grave a muy grave. Además pide un periodo de prescripción, no incluido actualmente en el borrador de la reforma, con lo que las faltas leves prescribirían en un plazo de seis meses, las graves en dos años y las muy graves en tres.
Igualmente se solicita el endurecimiento de las cuantías económicas correlativas a las infracciones por vertidos a la red de alcantarillado. Dada la “gravedad de los daños que se pueden producir” se pasaría mediante la reclamación de UDCE de una sanción máxima de 901 euros a los 3.000.
En cuanto a la ordenanza municipal reguladora de ruidos, vibraciones y otras formas de energía, se insta a la Consejería de Medio Ambiente que amplíe los objetivos marcados en la ordenanza. Se establecen dos principales en la alegación: prevenir la contaminación acústica y sus efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente y establecer “los niveles, límites, sistemas, procedimientos e instrumentos de actuación necesarios” para el control eficiente por parte de la Administración local del cumplimiento de los objetivos de calidad en materia acústica. También se aconseja la inclusión en el borrador del desarrollo de mecanismos de información pública dirigidas a la población sobre la situación de contaminación acústica de la ciudad.
Como medidas específicas, UDCE propone que en la tramitación de solicitudes de autorización para actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones sea “preceptivo la presentación de un informe de evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente”. Este informe sería necesario para la consecución de cualquier licencia de una actividad contaminante.
La alegación establece la necesidad de cuantificar las sanciones de la ordenanza de ruido y no remitirse a las cuantías máximas autorizadas por la ley de régimen local, tal como ocurre en la ordenanza vigente de 1993.
Por último, UDCE considera que la reforma de las ordenanzas de Medio Ambiente supone una buena oportunidad para inaugurar el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y que se tengan en cuenta sus aportaciones.
