GRAF4782. MADRID (ESPAÑA), 03/04/2018.- El exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro, a su llegada a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, que ha reactivado la causa con la citación de cinco testigos pedidos por las acusaciones.EFE/Mariscal
La UCO solicitó recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, nuevas diligencias para esclarecer la participación que tuvo el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, y sus familiares “ante los indicios existentes de que los mismos hayan podido ser utilizados por Luis Vicente Moro para ocultar el pago de la comisión que se le entregó por la participación en la operación de la compra de una empresa en Latinoamérica por parte del Canal de Isabel II, y que provocó el nacimiento de la conocida como ‘Operación Lezo’. Esta es la información que publica el digital Okdiario.
“Y con el objetivo”, añadían los agentes, “de identificar la tarjeta de crédito y/o débito del banco BHD de República Dominicana vinculada a Moro e identificar el modo y canal de extracción de los fondos de efectivo de origen delictivo por la adquisición de Emissao”.
Según el sumario del caso Lezo, González “tuvo conocimiento en todo momento de la operativa de adquisición, situándose cómo uno de los organizadores e impulsores de la misma junto con Luis Vicente Moro”. El exgerente de Inassa, Diego García Arias, declaró que la comisión a repartir por la compra de la filial brasileña fue de 5,4 millones: “900.000 euros para Luis Vicente Moro, Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa), Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira (exgerente de Triple A) y 1,8 millones para Ignacio González”.
Según el testimonio de Diego García Arias, Rodríguez Sobrino le pidió ayuda para “canalizar la comisión” correspondiente a Luis Vicente Moro y se la entregó a éste en efectivo en República Dominicana. Dicho montante habría sido ingresado por el exdelegado del Gobierno en Ceuta en el Banco BHD, mediante la apertura previa de una cuenta.
Con el objetivo de avanzar en la investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional ha expedido un mandamiento judicial a las asesorías jurídicas de 10 entidades bancarias “a fin de que a la mayor brevedad posible informen y faciliten de forma directa, a la Unidad de Policía Judicial, de cuanta información, movimientos y saldos obre en sus bases relativa a todos los productos de los que pudieran ser titulares o autorizados, u otra forma de la vinculación” de Luis Vicente Moro y de su esposa desde 1 de enero de 2012 a la actualidad.
El juez solicita además que se le informe de “todas las disposiciones en efectivo efectuadas en cajeros automáticos propios de la entidad bancaria BHD, haciendo uso de libretas de ahorro, tarjetas de crédito y/o débito que estén o hubieran estado vinculadas a las cuentas bancarias solicitadas”.
“En caso positivo”, añade el instructor, “faciliten toda la información disponible respecto a los veinte movimientos anteriores y posteriores a dichas disposiciones en efectivo en cajeros de esa entidad con objetivo de identificar la tarjeta del BHD, ya que parece lógico que después de las extracciones en efectivo que hace con sus tarjetas de las cuentas españolas, retirara dinero con la tarjeta del BHD”.
Luis Vicente Moro aseguró en su declaración como investigado ante el juez del caso Lezo que los sobres encontrados en su domicilio con billetes de 500 euros y con una tarjeta de Ignacio González “no eran comisiones” para el expresidente madrileño y que el dinero era propiedad de su esposa para pagarse “los implantes en la boca”.
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