Tricornios, en el banquillo

Nunca antes se había celebrado una vista judicial en Ceuta, en la que haya sentados en el banquillo tantos guardias civiles. Hasta un total de seis, entre ellos un sargento, tendrán que enfrentarse ante una de las peores pesadillas marcadas ya en su hoja de servicio. Se les acusa de un presunto delito de cohecho continuado, lo que en el lenguaje popular se llama ‘poner la mano’.

El escenario, la frontera del Tarajal, en donde se les acusa de constituir una organización dedicada, de manera continuada, a cobrar pequeñas cantidades de dinero por permitir la entrada de súbditos marroquíes a los que les faltaba algún documento en regla: desde un pasaporte en vigor hasta un carné de conducir. Junto a ellos tres civiles a los que se les acusa de ser sus cooperadores.
La Audiencia Provincial ha señalado tres días de juicio: la sesión inicial el día 31 de mayo, martes, a las que seguirán las jornadas del 1 y 2 de junio. Desde mayo de 2003, hace justo ocho años, los guardias civiles acusados llevan esperando este momento. Ellos han mantenido que nada tienen que ver en este asunto e incluso algunos han reclamado la celebración de la vista, después de que el caso permaneciera bloqueado varios años en el juzgado de instrucción número 4. Contra ellos prevalecen las acusaciones de sus propios compañeros, adscritos a la unidad de Asuntos Internos, que fue la que llevó a cabo el operativo de detenciones en la frontera y en el puerto. El Ministerio Fiscal lo tiene claro, considera que todos los imputados “puestos de común y previo acuerdo, urdieron un plan con el ánimo de enriquecerse injustamente, y con dicha finalidad decidieron desarrollar el ejercicio de sus cargos a cambio de cantidades de dinero u otros beneficios en especie, en connivencia con otras personas”, indica en su escrito de calificación al que tuvo acceso este medio.
Argumenta además que  el grupo en cuestión “decidió exigir a las personas que trataban de acceder a Ceuta a través de la aduana, de tal forma que una vez entregadas las cantidades o beneficios exigidos y que posteriormente se repartían entre ellos, los acusados permitían la entrada a la ciudad”.
Sobre los agentes pesan acusaciones de cobros de pequeñas cantidades, de entre 20 a 50 euros, o, en algunos casos, de mercancía -un kilo de tomates o patatas-, por permitir, supuestamente, la entrada de personas sin llevar a cabo el trámite de las multas oportunas.
El Ministerio Fiscal solicita para los acusados la pena de 4 años de cárcel y otros nueve de inhabilitación, lo que supondría, en el caso de los guardias civiles, la expulsión del Cuerpo. Además les añade una multa de 1.200 euros. Como parte destacada del juicio está la petición del Ministerio Fiscal de escuchar varias cintas correspondientes con las escuchas telefónicas que llevaron a cabo en los seguimientos efectuados los agentes de Asuntos Internos.

Los guardias detenidos carecían de antecedentes

Ninguno de los guardias civiles que fue detenido en mayo de 2003 tenía antecedentes penales. Sus hojas de servicio estaban limpias. Es el mismo caso de los marroquíes detenidos, que tampoco habían estado relacionados con tramas de este tipo. El Ministerio Fiscal no ha modificado su escrito de calificación durante todo este tiempo, dejando al margen la acusación sobre un séptimo guardia civil, que también fue detenido en su día, pero que fue juzgado en una causa aparte, resultando condenado en firme y apartado del Cuerpo, a pesar de que él mantuvo en el acto de juicio oral que nada tenía que ver con los hechos. Los guardias civiles fueron apartados de sus cargos y su causa ha quedado en un limbo hasta la señalización, ocho años después, de la vista.

Las defensas se unen y pedirán que las escuchas se declaren nulas
Las defensas de los acusados han preparado una base común a la hora de hacer prevalecer los intereses de sus patrocinados. La ya famosa teoría del árbol de los frutos envenenados se pondrá encima de la mesa, para intentar hacer valer ante el tribunal la necesidad de que las escuchas sean declaradas nulas. Consideran los letrados que la investigación de la Benemérita se fundamentó única y exclusivamente en pinchazos telefónicos que se hicieron sin control alguno. De hecho se investigó a más guardias civiles de los que ahora se sentarán en el banquillo, y se intervinieron distintas conversaciones que no dieron lugar a intervención alguna.
Además de intentar conseguir la nulidad de las escuchas, con lo cual se carecería de prueba alguna contra los agentes, se intentará hacer valer una presunta vulneración por la predeterminación del juez. ¿Qué significa esto? Intentar demostrar que hubo un interés concreto por parte de la Guardia Civil de presentar la petición de investigación del caso ante un juez concreto. Las defensas se basarán en que con anterioridad solicitaron el apoyo judicial en otro juzgado y no lo obtuvieron, dando traslado de la misma petición a otro juez diferente que sí lo avaló.
Las defensas juegan con los fallos favorables que ha dictado el Tribunal Supremo recientemente, al secundar las tesis de la Audiencia Provincial al considerar nulas las escuchas telefónicas. Algo que ha sucedido, por ejemplo, con la polémica ‘Operación Transpor’, en la que quedaron en libertad varios acusados de narcotráfico al considerar nulos los pinchazos telefónicos. ¿Pero qué hay en esas escuchas para que sean claves en este proceso? Para el Ministerio Fiscal son fundamentales, ya que se corresponden con conversaciones de los propios guardias entre sí o con familiares, de las que se derivan datos que, argumenta, sirven para incriminar a los imputados.
En una de las cintas, por ejemplo, uno de los guardias acusados habla con otra persona que le dice, textualmente y según las transcripciones de las grabaciones que obran en poder del Fiscal, que “no se preocupe, que cuando vaya a entrar algo... su gente ya está avisada”. El agente le pregunta “sobre qué hora irá y que le avise cuando va a pasar”. El interlocutor le contesta que “le meterá en un paquete lo que le va a dar y luego su gente se lo hará llegar”.
En una segunda cinta  otra persona le comunica que “un chaval va a pasar la frontera, le dará algo en un paquete de Marlboro, ¿tú me entiendes lo que va dentro no?... que se tiren el rollo con él...”.
En una tercera cinta, uno de los guardias acusados le dice a una persona que sus “colegas ya están avisados, le dice que cuando llegue les diga que es amigo de Paco y que pase a cualquier hora, que están solos”. En una de las cintas fechadas en septiembre de 2003 uno de los colaboradores habla con uno de los guardias imputados y le indica que le “han cogido, de los vuestros, de los que visten de paisano y pidieron que cantase... pero no dije nada”.
El Ministerio Fiscal solicita además que sean escuchadas cintas de conversaciones de familiares que contienen conversaciones que considera relevantes. En una habla la mujer de uno de los guardias detenidos, dice que “han arrestado a mi marido” y comenta “a ver si va a ser por los pases del barco... o por los billetes porque tu marido ha estado pasando billetes durante años”.
La misma esposa del agente mantiene otra conversación con un familiar que le dice “a ver si va a estar detenido por el tema ese, lo de la gente que pasa, tú sabes que no... que le dan dinero por pasar, que eso puede ser una falta grave para la Guardia Civil...”. La esposa del agente le dice a su interlocutora que cree que le han detenido por el “tema de cobrar un euro por dejar pasar pescado...”. En otra escucha la misma mujer indica que “han puesto videos y que se ve” a uno de los guardias “cogiendo a la tía la olla o los tenis... a lo mejor ha dejado pasar a los moritos...”.
El Ministerio Fiscal solicita además que se dé escucha a otras cintas en las que los familiares hablan sobre las detenciones de los guardias. En una, la mujer de uno de los detenidos habla con la hermana de éste y le dice que a lo mejor el arresto “tiene que ver con lo de las verduras...”, su interlocutora responde... “mira que se le dijo...”; en otra conversación una de las hermanas de un guardia detenido señala que “mi hermano sabía eso, ¿lo que estaban haciendo?... ¿mi hermano no está metido en cosas gordas no?... no pero en las chiquititas sí, era la fruta o algo de eso...”, advierte. Siguiendo con las mismas conversaciones comentan que “¿con eso qué ganaba él?... pues nada, le daban una bolsa de tomates, pero de dinero nada... a lo mejor yo te dejo pasar tres kilos de patatas y se quedaba con uno..., siempre le hemos dicho no te metas... te dejas de tonterías y no dejes pasar nada, ni la fruta ni nada, se lo he dicho un montón de veces...”.
En otras de las escuchas aparece la conversación de un padre de uno de los guardias que llega a decir que “tanto va el cántaro a la fuente y al final se rompe y por miseria...”.
El Fiscal basa sus argumentos en estas conversaciones y ha solicitado que se escuchen en sala y que además declaren los familiares. Las defensas, por su parte, quieren conseguir a toda costa que el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial las invalide, desechando una de las claves de toda esta historia.