El Tribunal de Cuentas pide "racionalizar" el sector público periférico de la Ciudad

El Tribunal de Cuentas (TCu) lamenta en el informe de fiscalización que ha aprobado esta semana sobre la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Ceuta del ejercicio 2020 que la administración local “sigue sin llevar a cabo” los compromisos adquiridos en 2014 para reestructurar su sector público periférico.

En concreto el órgano de control se refiere a “racionalizar medios mediante la adopción de resoluciones tendentes a actualizar los objetos sociales de las sociedades públicas, establecer planes de gestión por objetivos, configurar una relación de puestos de trabajo de cada entidad, llevar a cabo la homogeneización de las condiciones laborales preservando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como modificar los estatutos de las empresas públicas, incluyendo la obligatoriedad de gestionar el presupuesto de cada una de ellas de conformidad con la legislación aplicable a los presupuestos de la Ciudad”.

El Pleno de la Asamblea aprobó a finales de 2013 una reestructuración urgente del sector público periférico para, según el Gobierno de Vivas, “dar un paso más hacia la mejora de la gestión presupuestaria de la Ciudad mediante el afianzamiento de la estabilidad, una mayor eficiencia y compatibilizando todo ello con el mantenimiento del empleo estructural”.

El plan pasaba por crear cinco nuevos Servicios Regionales: de Tributos, Economía y Presupuestos (que integrará a Procesa y al OAST); de Emergencias (con la estructura del 112 desgajada de Amgevicesa); de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda (formado por la extinta GIUCE y Emvicesa); de Turismo y Deporte (sumando al ICD con Servicios Turísticos y el Parque Marítimo); y de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano (aglutinando al resto de Amgevicesa, Obimace y Obimasa).

Se preveía integrar como organismos autónomos a todas las sociedades municipales salvo Acemsa y Puerta de África en el entramado de la administración para “eliminar duplicidades e ineficiencias con una estructura que cueste menos y sea más eficaz”.

A la vuelta de Navidad el Gobierno dio marcha atrás tras la presentación de varios recursos de reposición por parte de cuatro funcionarios de la Ciudad, pero se comprometió a dar siete pasos con el mismo propósito.

Se trataba de “actualizar los objetos sociales” de las entidades del sector público; favorecer “mecanismos de colaboración” entre las mismas y la propia administración’; “establecer planes de gestión por objetivos”; “facilitar la movilidad laboral”; “configurar la RPT de cada entidad y tender hacia la homogeneización de las condiciones laborales”; y “fijar de manera clara y precisa los procedimientos y criterios relativos al acceso al empleo en todas y cada una de las entidades, preservando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

En 2020 los resultados de explotación antes de subvenciones de las sociedades municipales reflejaron unas pérdidas globales de 56,6 millones de euros.