El Tribunal de Cuentas (TCu) ha formulado varios reproches a la forma que tiene de gestionar su contratación la Ciudad Autónoma de Ceuta.
A la luz de los nueve expedientes que ha analizado en su estudio de las regiones sin órgano de control externo propio ha apreciado que debería mejorar las fases de planificación para evitar urgencias, controlar mejor la ejecución de sus adjudicaciones o justificar mejor sus necesidades.
Los nueve procedimientos de 2021 escrutados por el órgano fiscalizador son los relativos a la gestión de la Escuela Infantil La Pecera, la puesta en marcha del sistema de emergencias 112, el mantenimiento del parque informático y de la estación de control de la calidad del aire, la conservación de los centros educativos y el servicio de telecomunicaciones de la Ciudad, el catering del Área de Menores, la ayuda a domicilio básico y el salvamento en las playas.
En varios se ha detectado que “la justificación de la necesidad resulta insuficiente” y que la insuficiencia de medios alegada tiene “carencias”.
“En todos los contratos analizados se utilizaron modelos de pliegos de cláusulas particulares de carácter excesivamente genérico”, lamenta el TCu, que advierte que “su empleo para contratos de naturaleza, objeto y condiciones tan diversas ocasiona que no se concreten numerosos aspectos sustantivos de los contratos”.
Solo uno de los analizados se dividió en lotes “a pesar de que el objeto de otros tres lo hubiera permitido” sin que se justificase la elusión de esa fórmula, “lo que resulta preceptivo”.
En la licitación de ‘La Pecera’ e lamenta que los criterios de calidad del servicio se limitaron a un 33% cuando en su ámbito se exige que sean “el 51% de la ponderación”.
Ninguno de los nueve contratos revisados en Ceuta incorporaron “al menos una de las condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden” que exige la legislación vigente. Tampoco “criterios de desempate tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de aplicación a ofertas que obtuvieran la misma valoración, opción prevista potestativamente” en la Ley de Contratos del Sector Público.
La Ciudad ha apelado a razones de economía, entre otras, para justificar su actuación, pero el Negociado de Contratación también ha advertido que lleva tiempo reclamando a todas las consejerías que mejoren sus procedimientos de acuerdo con las consignas recibidas
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