El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad de Ceuta del ejercicio 2021 pone de manifiesto que el Ejecutivo local “no ha dado cumplimiento a ninguna de las 15 recomendaciones formuladas" en el informe relativo a 2020. Así lo advierte el Tribunal de Cuentas (TC), aunque reconoce que tres de esas recomendaciones "están en curso de cumplimiento".
El informe del 2021, tras reiterar las que continúan pendientes, formula otras 4 recomendaciones entre las cuales figuran las de "depurar la técnica presupuestaria, regular mecanismos de revisión, control, intercambio y cruce periódico de información de los estados contables de la Administración General de la Ciudad y completar el contenido de la memoria de la Cuenta General de forma que facilite una mejor comprensión e interpretación de los estados contables".
Las 19 entidades que conforman el sector público de la Ciudad Autónoma, incluida la Administración General, gestionaron en 2021 un presupuesto consolidado de 320 millones de euros y un gasto consolidado de 363 millones de euros.
El informe de 2021 recoge 4 nuevas recomendaciones que se suman a las de 2020
El informe concluye que la Cuenta General de Ceuta presenta fielmente su situación económica, financiera y patrimonial, excepto por lo que respecta a los efectos de las salvedades que se señalan en el informe, entre las que cabe destacar la "limitación relativa al inmovilizado del balance de la Administración General y a la opinión con salvedades de dos sociedades públicas".
El Tribunal de Cuentas considera que el resultado presupuestario estaba sobrevalorado en 33 millones de euros y el remanente de tesorería, que figuraba con un saldo positivo de 145 millones de euros, se encontraba sobrevalorado en 53 millones de euros como consecuencia, principalmente, de la falta de registro de las provisiones de deudores de dudoso cobro.
En cuanto al control interno, el informe del Tribunal de Cuentas remarca que la plaza de Interventor General de la Ciudad de Ciudad no ha sido convocada desde 2015 y que el puesto es desempeñado desde 2006 por un funcionario nombrado con carácter accidental.
Según el Tribunal, esta situación afecta a las condiciones que permiten un ejercicio adecuado e independiente de la función de control, por lo que recomienda que se efectúe la oportuna convocatoria de la plaza de Interventor General.
