El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido un recurso de amparo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos recuperen las pagas íntegras desde 2010.
En un comunicado, el sindicato explicó que el TC considera que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. En concreto, la iniciativa pretendía derogar el artículo en materia retributiva del real decreto-ley por el que se adoptaban las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
CSIF explicó que aún queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto "mermada" en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces, ingenieros, inspectores); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos).
"Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta cinco meses desde 2010", denunció el sindicato.
Según CSIF, "las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas dos millones de empleados de todas las administraciones". "Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010".
Para este lunes, CSIF ha convocado movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias de España para reclamar que el Ejecutivo negocie la subida salarial de los funcionarios y la oferta de empleo público.
El sindicato consideró "urgente" negociar la subida salarial del próximo año, "un nuevo acuerdo salarial, ya que el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022", así como la oferta de empleo público para 2025.
Además, avisó de que "las movilizaciones continuarán con medidas más contundentes si el Gobierno sigue sin reaccionar". Esta campaña de movilizaciones incluye la defensa de la asistencia sanitaria en Muface, "seriamente comprometida", después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica "insuficiente" del Gobierno.
CSIF entiende que se deben abordar sin más demora, entre otros, los siguientes temas pendientes de aquí a final de año:
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