El periodo de pago medio a proveedores del
Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha llegado durante la última legislatura a ser, según los datos oficiales que periódicamente publica el Ministerio de Hacienda, de más de 450 días, pero ese ha sido, quizá, el menor de los problemas de los suministradores de servicios para este organismo autónomo que el Pleno llegó a acordar disolver en otoño de 2011.
Ese mismo año caducó la adjudicación del servicio de monitores de natación y socorristas que se ha venido prestando sin contrato desde entonces tras múltiples concursos fallidos. La semana pasada, el BOCCE dio cuenta de su encomienda provisional a
Tragsa.
La empresa granadina ‘Ebone: Gestión deportiva integral’ es otra de las que han vivido en primera persona durante los últimos ejercicios los desajustes de la Administración en el ICD.
Entre octubre de 2011 y abril de 2017, en distintos periodos, esa compañía gestionó los servicios de fisioterapia, musculación y actividades físicas para adultos del Instituto, que “en ocasiones” y durante tramos que “nunca” llegaron a acumular el récord histórico de años que llegó a sumar ‘Arasti Barca’ con los monitores de natación, se le pidió (primer contratiempo nada inusual) que siguiese trabajando sin contrato mientras se gestionaba un nuevo concurso con todas las de la ley para no perjudicar a los usuarios.
Su director general, Javier Blanco, ha recordado con ‘El Faro’ que cuando llegó la hora de ajustar cuentas por esos periodos de excepcionalidad el Gobierno ya había recibido el ultimátum de Ciudadanos que interpretó como un adiós a cualquier reconocimiento extrajudicial de deudas, obligando de facto a las empresas a acudir al Juzgado a reclamar cualquier deuda.
Segundo tropezón: el acuerdo por las buenas fue imposible y hubo que meterse en los
Tribunales. Por los tres servicios que prestaba ‘Ebone’ con el personal del que disponía (el ICD se encargaba de elaborar la programación, organizar los horarios, ofrecer las instalaciones...) había acumulado el equivalente a cerca de cuatro años de trabajo sin contrato.
Las primeras 33 facturas sumaban un importe global de 105.000 euros. “Nuestra sorpresa fue que en sede judicial”, explica Blanco sobre el tercer cepo que se encontró en su relación con el organismo autónomo, el de los imprevistos de naturaleza político-burocrática, “los abogados del ICD alegaron que algunos meses no habíamos hecho nuestro trabajo, todo ello a pesar de la multitud de pruebas documentales que se aportaron e incluso de las testificales de la gerente del organismo”. Al final el Juzgado no reconoció cuatro facturas por una suma de 14.199 euros “que casi es igual a los beneficios de todo el periodo trabajado” porque ni el consejero de turno ni su relevo las firmaron. Actualmente mantiene otra reclamación sobre impagos de 2017 por importe de 27.676 euros.