Tres años, exigencia sólo para los que pidan por primera vez una comisión de servicio

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, radicada en la localidad murciana de Jumilla y con actividad ilícita en gran parte de la geografía nacional, dedicada a defraudar a la Seguridad Social y ha detenido a sus diez integrantes, acusados de dar más de medio millar de altas a la Seguridad Social de forma ilegal. Entre las zonas en las que había actuado dicha organización se encuentra Ceuta.
Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado año, a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Jumilla, que llevó a los agentes a constatar la existencia de un grupo delictivo dedicado al fraude.
Además, los agentes verificaron que los integrantes de la trama contaban con antecedentes por esta misma tipología delictiva y conformaban una organización criminal jerarquizada y estructurada piramidalmente.
Así, se ha detenido el cabecilla de la trama , J.M.L., español y vecino de Jumilla, y a sus testaferros o personas interpuestas, a cuyo nombre figuraban las empresas ficticias y que recibían, según el caso, desde 1.000 euros mensuales a pequeñas cantidades de droga, dado que éstos eran escogidos entre personas con evidente desarraigo social, sin domicilio fijo y con escasos recursos económicos.
Tras un exhaustivo análisis de la abundante documentación proporcionada por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y por la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno en Murcia, los agentes supieron de la existencia de relaciones entre las cuatro empresas investigadas y otras mercantiles administradas por personas encartadas con anterioridad por fraude a la Seguridad Social.
Se descubrió así un trasvase de trabajadores entre las empresas ficticias, de manera que tras permanecer de alta en una de ellas, iban secuencialmente pasando por otras, con el doble fin de, por un lado, perfeccionar plazos que le hiciesen acreedor de diferentes derechos y, por otro, dificultar la actividad inspectora e investigadora mediante la creación, por parte de la misma empresa, de una maraña de distintos códigos de cotización, incluso en varias provincias.
Según las mismas fuentes, la red actuaba en gran parte de la geografía española ya que tenía personas empleadas en asesorías fiscales y laborales, quienes, de manera telemática usando la autorización RED (Remisión Electrónica de Documentos), daban de alta y baja a remesas de decenas de trabajadores en un mismo día en Murcia, Andalucía, Valencia, Aragón, País Vasco, además de en Ceuta y Melilla.
Estos trabajadores llevaban a cabo supuestas tareas en el sector de la construcción de diferentes provincias, aunque, llamativamente, todas las obras finalizaban el mismo día, por lo que eran trasvasados a otra empresa. Se estima que el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.322.663 euros, y que los ingresos de esta organización criminal rondarían el medio millón.