Los empresarios marroquíes llevan años presionando a la administración del país para acabar con el comercio entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta semana hemos conocido el informe de la Cámara de Representantes de Marruecos sobre lo que denominan pequeño contrabando. Un informe que nos desvela las claras intenciones del vecino país.
Las autoridades marroquíes piensan que unas 3.500 mujeres y 200 menores se dedican al porteo de mercancías. Unos números que se alejan mucho de los que manejamos al otro lado de la frontera, donde se calcula que alrededor de 15.000 personas cruzan la frontera de Ceuta, además de generar unos 40.000 empleos en el vecino país. Los números tampoco cuadran con el informe de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca que defendía que 400.000 personas vivían directa o indirectamente de esta actividad.
Nos sorprende que no hagan referencia a los coches patera, porque son los que más cantidad de alimentos y productos pasan hacia el vecino país. Son porteadores invisibles, pero no dejan de ser porteadores, porque ni los vehículos ni las mercancías son de su propiedad. Trabajan para las mismas organizaciones que explotan a mujeres, ancianos y niños.
Las autoridades del vecino país reconocen –creemos que por primera vez– las condiciones inhumanas de las porteadoras marroquíes y la necesidad de humanizar la situación de estas personas. Una situación reconocida por las autoridades españolas, pero que no han tenido la voluntad de implementar medidas eficaces que humanicen el comercio atípico, porque llamar contrabando a una actividad conocida y reconocida por ambos países no tiene sentido, ni justificación. Mujeres, niños y ancianos cargados como burros es una imagen que sonroja e indigna a cualquier ciudadano decente.
El informe descarta –en lo que conocemos– otras condiciones que atentan contra la dignidad de estas señoras, porque omiten las largas horas de espera sentadas en el arcén protegidas con cartones o plásticos como improvisadas tiendas de campaña, sin un lugar donde protegerse, beber agua o hacer sus necesidades a ambos lados de la frontera. Tampoco debemos obviar el trato poco exquisito que se les dispensa.
Ambos países reconocen que existe un comercio permitido “nada de contrabando”, que es aprovechado por empresarios para explotar a mujeres y niños en condiciones inhumanas, pero son incapaces de poner medidas para acabar con una situación vergonzosa que daña la imagen de dos países que tienen la obligación moral y legal de humanizar la situación de señoras, menores, ancianos, minusválidos, “personas” que se ven obligadas a cargar pesados bultos por un sueldo mísero, mientras las mafias y explotadores se llenan los bolsillos a costa de su salud.
Las autoridades marroquíes tienen la firme determinación de acabar con el transito comercial desde las ciudades de Ceuta y Melilla a Marruecos. Tienen una hoja de ruta que va dando sus resultados, porque han conseguido que cientos de familias que se dedicaban a esta actividad regresen a sus provincias de origen, porque muchas de ellas llegaron a Castillejos para ejercer esta actividad. Los cortes intermitentes de paso de mercancías a las porteadoras, las intervenciones de coches patera, los registros en establecimientos decomisando alimentos y mercancías procedentes de Ceuta es una evidencia palpable de la voluntad de acabar con el comercio atípico.
Sin embargo las autoridades marroquíes tendrán que salvar un gran inconveniente, una dificultad difícil de eludir, porque acabar con el comercio atípico sería acabar con el sustento de 400.000 personas que viven directa o indirectamente de esta actividad. Personas que llevan años cubriendo sus necesidades básicas de este comercio. Personas que no tendrían qué comer, y dejar de comer a miles de personas es un lujo que ningún gobierno se puede permitir.
Todos coincidimos en que el comercio atípico está condenado a morir como acabaron las matuteras españolas que trasladaban a Algeciras quesos de bola, licores y relojes para dar de comer a sus hijos. Mujeres y niños como estas mujeres y niños marroquíes que pasaban muchas horas de espera en los puertos soportando muchos levantes para darles de comer a sus hijos. Los guardias civiles sabemos lo mucho que sufrieron aquellas mujeres y lo mucho que sufren y padecen estas mujeres, ancianos y niños. Lo sabemos porque vivimos su situación día a día y, por esa razón, nos vemos en la obligación de pedir que se haga un esfuerzo en mejorar las condiciones de espera a ambos lados de la frontera y, por supuesto, humanizar las condiciones de estas personas, como bien dicen las autoridades del vecino país.
Merece la pena el esfuerzo.