Se ha ido convirtiendo en habitual que las relaciones políticas en España funcionen con servidumbres semejantes a las de un mercado persa, donde el chalaneo y el uso del chantaje se imponen en lugar de adoptar los acuerdos necesarios que exige la política. Este comportamiento se deriva de que actualmente lo que predomina es la división en dos bloques antagónicos que en ningún caso pueden pactar entre sí. De modo que como los acuerdos más necesarios y estructurales requieren de una mayoría cualificada y eso no compagina con la estrategia implantada, la gobernabilidad del país queda muy reducida y los resultados solo pueden ser conseguidos por imposición, lo cual no siempre es posible. De ahí se deriva que los contactos no se puedan basar en la lealtad constitucional y, por ende, se imponga como premisa necesaria intentarlo a base de ardides y trampas. Siendo este un rasgo bastante general, es determinante sobre todo en las relaciones que se producen por el gobierno de la nación con sus oponentes. No obstante ese carácter usual, este tipo de comportamiento cuando se aplica a ceutíes y melillenses trasciende los aspectos generales y parece tener un regusto singular. Son muchas las cuestiones fundamentales que para estas dos ciudades dependen de las competencias estatales, de manera que las relaciones son en consecuencia más decisivas que para el resto de los territorios nacionales. Pero, además, siendo las relaciones tan esenciales, el comportamiento no solo afecta a los oponentes sino al conjunto de los ciudadanos que vivimos aquí. De ahí que nuestra dependencia requiera de posiciones claras y no de un tratamiento desleal. Pero en estos últimos tiempos, donde resulta tan necesario el transitar con rigor, una y otra vez, el trato que nos dedica el gobierno de la nación no es un trato digno y debería no ser de recibo. Muestras evidentes se producen asiduamente. Así, la reciente visita a Ceuta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática no trajo ninguna novedad sobre la ejecución de las medidas que tan necesarias son para la ciudad, como esa que llaman Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para Ceuta, aprobado en octubre de 2022. Sobre este asunto en su momento ya se desveló que no era, como se esperaba, un verdadero plan estratégico para la Ciudad, pues no está establecido con los requisitos que este tipo de planes requieren, como son aquellos que concretan a los responsables de las medidas, los medios financieros y los plazos ineludibles para ponerlos en práctica. Sin que estos requisitos se precisen estas técnicas devienen en mera publicidad, objetos de postureo que se exhiben sin establecer compromisos ni fechas. Vamos, en algo diseñado para escamotear o escamotearse. Por tanto, ni calendario, ni implementación de las medidas, ni plan estratégico, ni FP, ni las bonificaciones de la Seguridad Social, ni cable eléctrico, ni asunción más rigurosa de sus propias competencias en materia de educación y de asistencia sanitaria, de las que a nadie se rinden cuentas y su desganado ejercicio nos ha convertido en el farolillo rojo de toda la nación.
"En estos últimos tiempos, donde resulta tan necesario el transitar con rigor, una y otra vez, el trato que nos dedica el gobierno de la nación no es un trato digno y debería no ser de recibo"
Lo mismo sucede con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyas decisiones son tan imprescindibles para nuestras dos ciudades africanas. Hace más de un año que de la aduana comercial solo dicen naderías, cuando no muestran su devoción incuestionable de hacer de teloneros del régimen sultanita. Y esto, siendo un tema acordado y vendido como la única dádiva oficial que los alauitas le han concedido al actual gobierno de España. De manera que para qué hablar de otros temas más peliagudos, como la eliminación de la excepcionalidad del Tratado de Schengen o el cambio de estatus en la Unión Aduanera europea. ¿Dónde estará la bolita? ¿A ver si acertamos? Además, para remate, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, no encontró tiempo para recibir al Presidente de la Ciudad de Ceuta, siendo este uno de los dos únicos territorios donde el Estado ejerce competencias plenas en la materia educativa. Negarse a recibirle, poniendo la excusa de otros compromisos, es fácilmente comprobable: en la agenda del Gobierno del 23.4.2024, hecha pública por La Moncloa, únicamente se refleja que en ese día debía asistir al Pleno del Senado y responder a una pregunta y a una interpelación en la sesión parlamentaria de control al gobierno. La sesión en el Senado comenzó a la 16,00 horas y la duración de la interpelación duró 6,57 minutos, terminando su intervención a las 17,10 horas, como puede seguirse en el desarrollo de la sesión editado por el Senado. Parece que disponía del tiempo suficiente, o al menos que podía haber aprovechado la oportunidad de acercar a los ciudadanos ceutíes sus objetivos y dificultades sobre esta competencia que ejerce sin rendir cuentas a los ceutíes. Pero aquí no acaba todo, pues mientras Marruecos no respeta la soberanía de Ceuta y Melilla, se niega a permitir el tráfico comercial a través de aduanas y trata de ahogarlas económicamente, el Ministro del Interior del gobierno de España, nada más y nada menos, proclama que “nuestra relación con Marruecos es ejemplar”, es decir que es casi inmejorable. ¿Se ha olvidado de nosotros o es más rentable rendir una melosa pleitesía? Y aún quedan cosas sin aclarar y otras muchas que no sabemos, porque evidentemente mucha importancia a los problemas de Ceuta no se les da. Como por ejemplo, saber qué pasó con la partida presupuestaria que estaba reservada para construir el centro educativo en el Brull, de la que se dice que pasó a financiar un centro semejante en Rabat, como regalo a S.M. el sultán. De manera que si no tenemos bastante con este trato vejatorio e improductivo, las verdaderas intenciones de estas relaciones también se muestran con claridad en las exigencias ministeriales. Pues resulta que el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en la reciente visita a Ceuta, a pesar de no regalarnos ni una primicia informativa en todo aquello que tanto nos importa, nos transmitió, por el contrario, la exigencia contundente de votar a favor de un proyecto de ley que el gobierno va a presentar. De manera que en estos momentos en los que estamos en plena sequia legislativa por la voluntad del propio gobierno de mantener la división en dos bloques antagónicos que en ningún caso pueden pactar entre sí, lo que aboca a la perspectiva de una legislatura donde sacar una ley le supondrá al gobierno un coste casi imposible de pagar, el ministro realmente viene para advertirnos que espera que el gobierno de la Ciudad “esté a la altura de las circunstancias”, obligue al grupo parlamentario en el que está integrado a que respalde en el Congreso y en el Senado, “donde sin su voto será imposible” la modificación de la Ley de Extranjería que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez para obligar a las Comunidades Autónomas a aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados de unas regiones a otras y “cuantas iniciativas legislativas se planteen”. ¡Ahí queda eso!, al estilo Puigdemont.
"La reciente visita a Ceuta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática no trajo ninguna novedad sobre la ejecución de las medidas que tan necesarias son para la ciudad, como esa que llaman Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico"
Frente a estas actitudes no parece que sea muy efectivo decir a todo amén y adoptar un modo victimista o pedigüeño, porque esta Ciudad, aunque no lo parezca, está legitimada para exigir el trato digno que le corresponde. En principio, Ceuta no es como una ciudad española más, pues sus circunstancias no son semejantes a las de Santander, Cáceres, Albacete o Barcelona, por señalar algunas de ellas. Su situación fronteriza, por un lado, obliga al Estado a ejercer sus competencias propias de manera más intervencionista que en las otras ciudades, pero, además, es una frontera amenazada por la voracidad del expansionista Estado alauita que lo reclama como si alguna vez en su historia lo hubiese ocupado. No somos, por tanto, iguales, salvo a Melilla y, posiblemente, si las cosas siguen así, también salvo al Archipiélago Canario. De modo que lo determinante de esta situación requiere de un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de quien legítimamente representa a los ceutíes y no una postura que parece más una renuncia a hacerlo que una urgente y rotunda reclamación. Es necesario que esto se explicite, porque la voz de los ceutíes, de sus temores y sus aspiraciones, ha de ser comunicada y difundida a través del órgano más democrático de la ciudad, que es precisamente el Presidente de la Ciudad. Porque, por otra parte, el Delegado del Gobierno es, como su propio nombre indica, un órgano del gobierno de la nación, que es para quien trabaja, y no existe ninguna vinculación electiva entre el cargo y la ciudad. Aunque en un tiempo pasado, algunas de las personas que ocuparon el cargo hicieron un gran esfuerzo por servir de correa de transmisión de los intereses locales ante el gobierno de la nación, ese generoso ejercicio pertenece ya a un tiempo pasado. EFE Así las cosas, se ha celebrado en la Asamblea el pasado viernes 26 el Debate sobre el estado de la Ciudad, en el que si bien se trataron la necesidad de reivindicar a “las instancias nacionales” (¿?) una lista larga de necesidades y una “política de Estado” ya que “no puede haber nada más prioritario que preservar los cimientos del edificio: nuestra integridad y soberanía, la convivencia y la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles”, ni siquiera se insinuó de qué forma se iban a plantear estas reivindicaciones dadas las evidentes dificultades para superar que esas “instancias” nos tengan en cuenta. Según la prensa parece que nadie en la sesión lo discutió. Se dedicaron a los servicios locales y nadie echó en falta ni siquiera las materias autonómicas. De manera que si un trato tan insólito, que al menos merece una consecuente y rigurosa actuación de quiénes representan a la Ciudad, no ha alterado las preocupaciones de nuestros gobernantes, será que el comportamiento que recibimos se considera adecuado. Pero, si aún alguien no lo considerara así o si se articulase esa aludida “necesidad de reivindicar a las instancias nacionales”, no parece que en este formato, sin energía ni articulación, algo vaya a ser eficaz. Pues, además, si como viene siendo habitual, se realizara aisladamente, sin recabar y escuchar opiniones cualificadas, sin organizar y estructurar a través de la capacidad administrativa un plan y una movilización que encauce el clamor y los temores que entre la población se aprecia, nos volverán a tratar igual. Es evidente, que de no hacer nada de esto, ese trato indigno perdurará.