El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el acuerdo por el que el Congreso refrendó esta semana el real decreto ley para reubicar menores extranjeros no acompañados llegados a puntos como Canarias o Ceuta.
Ese decreto ley recoge medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias y fue convalidado esta misma semana por 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención. Vox y PP fueron las únicas formaciones que se opusieron a esa norma.
La medida afecta a 4.000 menores atendidos en Canarias y 400 en Ceuta, que serán los que protagonizarán los traslados a las distintas autonomías de acuerdo con el nivel de ocupación y la capacidad de atención que estas tengan.
El 28 de abril se ha fijado la celebración de una sectorial de Infancia y Adolescencia precisamente para concretar cómo se ejecutarán esos traslados, atendiendo a los datos facilitados por las comunidades autónomas, salvo las rebeldes como Madrid o Extremadura, que han sido imprecisas, o Aragón, que no los ha aportado.
El Gobierno ha insistido en que no está aplicando criterios políticos para ese reparto, sino que se tienen en cuenta otros parámetros.
El mayor peso corresponde a la población (50%), y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita de cada territorio, su nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener (según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia). Estos suponen un 13%, respectivamente.
Un 6% del reparto dependerá del número de menores acogidos en cada comunidad en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores se trasladarán) y otro 2% irá en función de la dispersión demográfica. La norma señala que el resto deberán viajar a territorios “no insulares” y que “no sean frontera”.
De momento una vez obtenido el respaldo político se tendrán que sentar las bases para organizar los traslados de menores.
En el caso de Ceuta, son más de 420 los que están acogidos en los diferentes recursos habilitados por la Ciudad. Algunos en naves del Tarajal, puntos impropios que han dado pie a problemas de conducta y enfrentamientos. El propio Gobierno local ha reconocido la tensión en sus centros producto de esa sobreocupación.
Tras la sectorial se concretarán las fases de esos traslados, con vistas a que territorios como Canarias y Ceuta puedan recuperar las cifras de acogida previas a los repuntes vividos el pasado verano.
Al Gobierno central le ha salido un sarpullido en territorios como Baleares, que ya ha anunciado la presentación de un recurso contra esos traslados ante el Tribunal Constitucional.
Es una postura a la que se pueden ir sumando otros territorios y que evidencian el rechazo a acoger a menores llegados tras bordear fronteras, a pesar de que se trate de un asunto de competencia nacional que está repercutiendo en territorios concretos como es el caso de Ceuta por ser frontera sur.
Melilla, a través de su presidente Juan José Imbroda, también se mostró crítico con la acogida de menores derivados de otros territorios, a pesar de que la ciudad hermana ha vivido momentos de importante presión y puede exponerse a un verano similar al de Ceuta.
El propio portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, no fue crítico con la postura de la ciudad hermana, pero sí dejó claro que Melilla, como ahora Ceuta, puede verse afectada por repuntes migratorios lo que le llevará a tener que pedir auxilio a otros territorios.
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