Ceuta jugó también su papel en las investigaciones policiales desarrolladas tras los atentados del 11-M. Clave fue el hallazgo del coche en el que se pudieron trasladar los explosivos y los datos sobre implicados. Cuando una patrulla de la Policía Local de Ceuta interceptó, meses antes de los atentados, a un joven marroquí que circulaba en moto sin permiso, nada hacía presagiar que estaban ante uno de los artífices de la mayor masacre terrorista sufrida en España. Cuando su rostro fue difundido por el Ministerio de Interior con una ristra de fotografías que señalaban a los autores de los atentados que después se inmolarían en un piso de Leganés saltaron todas las alarmas. El sujeto en cuestión había circulado libremente por la ciudad, había sido sancionado y había mantenido encuentros con individuos de la zona norte marroquí. Era la primera de las claves que terminaría vinculando a la ciudad con el 11-M, aunque, sin duda, más relevante fue el hallazgo, en pleno desarrollo del juicio, del vehículo, modelo Volkswagen Golf, en el que presuntamente se trasladaron los explosivos que luego se emplearían para la práctica de los atentados.
Es en torno a este vehículo donde se concentran todas las dudas y puntos oscuros que han rodeado a la investigación. Y es que meses antes de su localización en un llano de la barriada del Príncipe Alfonso, completamente desmantelado, José Luis Laso, abogado de uno de los acusados, había advertido de su presencia en el interior de un garaje situado cerca de la barriada La Reina.
El número de plaza, el lugar concreto y su ubicación fueron difundidos públicamente. De hecho este medio se hizo eco de estos datos sin que fuerza de seguridad alguna acudiera a comprobarlo hasta que, poco antes de difundirse la sentencia de marras por la Audiencia Nacional, las cámaras de la cadena Cuatro difundían el hallazgo del coche.
A raíz de aquello todas las pruebas desarrolladas se centraron más en lo mediático que en lo relevante policialmente. ¿Qué valor iba a tener un vehículo en el que las huellas habían desaparecido?, ¿por qué no se analizó previamente cuando se encontraba en un garaje?, ¿quién fue el responsable de su traslado y abandono en la barriada? Confidentes propios Son cuestiones que quedarán en el olvido, sin su respuesta debida, al igual que tampoco se ahondará en las pruebas que fueron halladas en el piso que uno de los acusados tenía alquilado en Ceuta y que forzó a que agentes del servicio de Información de la Policía Nacional acudieran a declarar ante el juez Bermúdez para narrar lo encontrado. A saber, pruebas de envíos de correos electrónicos a países en guerra, documentos en árabe alusivos a la Guerra Santa y varias anotaciones que no sirvieron para fundamentar una acusación ni para ahondar en el detonante que promovió los atentados.
Pero sin duda lo más sangrante de las repercusiones que tuvo el 11-M en Ceuta fue lo relativo al trabajo que debían llevar los servicios de información. El Ministerio de Interior fue claro y en el protocolo de marras firmado en su día se indicó claramente que las fuerzas de seguridad debían intercambiar sus confidentes a la hora de conseguir que la información obtenida por la Benemérita fuera conocida, también, por la Policía Nacional y a la inversa.
Aquello quedó en papel mojado y así se pudo comprobar cuando años después se desarrollaría la Operación Duna en pleno corazón del Príncipe. En ningún momento la Policía Nacional facilitó información sobre el dispositivo a la Comandancia de la Guardia Civil que, aquella madrugada de detenciones, se levantaba a trompicones asimilando lo que se vendería, con la complicidad de las cámaras de Telecinco, como una de las mayores operaciones contra el terrorismo islamista de la época. Curiosamente la Benemérita disponía de datos paralelos a los manejados por la Policía Nacional sin que fueran puestos en común. Además el CNI también tenía encima de la mesa informes sobre las prácticas en el interior de algunas mezquitas y las reuniones mantenidas entre presuntos afines a la causa. Lo publicitado por Interior nunca se llevó a la práctica y la operación, ahora judicializada, quedó con flecos en el aire.
Hoy en día las formas de actuar de ambas fuerzas de seguridad siguen sus caminos, dispares, sin que exista esa complicidad ordenada políticamente para acallar los despropósitos de unos confidentes que convierten el tráfico de información en un negocio. Así sucedió en el 11-M y así perdura en el tiempo.