El contenido de la sentencia del famoso caso Emvicesa y las exposiciones que en ella se recogen sobre la “absoluta falta de control” que existía en la sociedad municipal no pueden quedar en el mero anecdotario. Los ciudadanos merecen una explicación al más alto nivel de lo ocurrido en esa época porque ya no forma parte del runrún, sino que está escrito negro sobre blanco en una resolución judicial dictada además por el máximo órgano en nuestra ciudad.
“Sólo puede acertar este tribunal a dibujar una imagen poco favorable y menos aún transparente sobre cómo se ha estado desarrollando durante años la actuación de la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de sus diversos organismos en materia de viviendas de protección oficial”, dice el tribunal.
“Poco podría hacerse bien cuando casi nada queda definido y al albur de no se sabe qué criterios”, añade.
Quedarse con la lectura del fallo es hacer flaco favor a la necesidad de un esclarecimiento público y debido a la sociedad. En los cientos de folios de sentencia se recoge una dura crítica a lo que estaba operando en aquel momento, con una política caótica en materia de vivienda y con un nulo esclarecimiento sobre procedimientos de los que dependía la entrega o no de una casa.
Y esto, por grave, merece una explicación. Sobre todo para que el ciudadano tenga un mínimo de confianza de cara al ambicioso plan de vivienda que quiere llevarse a cabo. Desarrollarlo sin antes una mínima declaración pública o un comunicado oficial del Gobierno es una auténtica metedura de pata.
Es deber de la institución municipal detallarnos cómo piensa solventar esa “falta de criterios ciertos y de transparencia” o ese “caldo de cultivo” para que “ciertas personas pudieran aprovecharse de sus cargos”.
Todo esto y mucho más se recoge en una sentencia que es pública y que ha colocado en el punto de mira un modo de proceder ahora sancionado.
Se busca ser transparente, pues hay que saber demostrarlo. Y no hay mejor manera que asumir que cualquier tiempo pasado fue mucho peor.
