Transparencia, responsabilidad y valentía institucional

La polémica surgida en torno al proceso selectivo convocado por OBIMASA para la cobertura de tres plazas de Experto en Medios Forestales ha generado un intenso debate político y mediático. Las primeras informaciones publicadas sobre el desarrollo de la prueba teórica y las dudas planteadas respecto a la transparencia del procedimiento dieron lugar a una cascada de reacciones por parte de partidos políticos y organizaciones sindicales.

Ceuta Ya!, MDyC, CCOO y PSOE solicitaron explicaciones, acceso al expediente y, en algunos casos, la paralización del proceso hasta que se aclararan todas las circunstancias que rodeaban la oposición. Era una exigencia legítima en un procedimiento público que debía garantizar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

Sin embargo, conviene recordar un hecho que, en ocasiones, parece quedar relegado a un segundo plano: fue el propio presidente del Consejo de Administración de OBIMASA y consejero del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, quien decidió paralizar el procedimiento administrativo. No esperó a que un órgano judicial lo impusiera ni trató de ganar tiempo mientras la polémica crecía. Adoptó una decisión que, desde el punto de vista político y administrativo, no era sencilla, pero que consideró necesaria para proteger los derechos de todos los aspirantes y preservar la credibilidad de la institución.

A partir de ese momento, ordenó la recopilación íntegra del expediente y encargó un informe jurídico para determinar, con absoluta independencia, cuáles eran las alternativas legales existentes. Entre ellas, la repetición del examen, la anulación del procedimiento, una nueva convocatoria o cualquier otra solución ajustada a Derecho.

Pero, además, solicitó al gerente de OBIMASA y presidente del tribunal calificador un informe exhaustivo sobre todo el desarrollo del proceso selectivo. Un informe sin limitaciones, sin condicionantes y sin importar si sus conclusiones podían resultar favorables o desfavorables para la propia dirección política de la empresa.

Ese informe fue claro. Reconoció que el anonimato de los aspirantes no había quedado plenamente garantizado, al existir ejercicios que contenían datos identificativos, y admitió igualmente que no podía acreditarse con plena certeza que la cadena de custodia del examen hubiera reunido todas las garantías exigibles. Como consecuencia de ello, el propio gerente concluía que no era posible afirmar que el procedimiento hubiera estado rodeado de todas las garantías de objetividad, transparencia e igualdad.

Y es precisamente aquí donde conviene hacer una reflexión.

En los últimos días han aparecido diversas publicaciones y artículos de opinión reclamando la dimisión de Alejandro Ramírez por estos hechos. Es una posición política legítima, como también lo es exigir responsabilidades cuando se considera que un procedimiento público no se ha desarrollado correctamente.

Pero también resulta legítimo preguntarse: ¿cuántos responsables políticos habrían actuado de la misma manera? ¿Cuántos habrían decidido paralizar un proceso administrativo impulsado por su propio departamento, ordenar una investigación completa y permitir la elaboración de informes técnicos y jurídicos independientes sabiendo que sus conclusiones podían cuestionar su propia gestión?

No es habitual encontrar responsables públicos que asuman ese riesgo. Lo más frecuente, por desgracia, suele ser buscar excusas, minimizar los problemas o trasladar la responsabilidad a terceros. En este caso ocurrió justamente lo contrario: se decidió investigar, recopilar toda la documentación, dejar trabajar a los técnicos y aceptar que fueran sus conclusiones las que marcaran el camino a seguir.

La responsabilidad política no consiste únicamente en presentar una dimisión cuando surge una dificultad. También consiste en afrontar los problemas, dar la cara, facilitar que se investiguen los hechos y asumir las consecuencias de aquello que determinen los informes elaborados por quienes tienen la competencia técnica y jurídica para hacerlo.

Resulta llamativo que algunos adversarios políticos se limiten a señalar responsabilidades sin reconocer que ha sido precisamente quien hoy es objeto de las críticas quien promovió las actuaciones que han permitido conocer todas las deficiencias detectadas. En política es relativamente sencillo denunciar cuando el trabajo de investigación ya está hecho; lo verdaderamente difícil es impulsar esa investigación cuando sus conclusiones pueden perjudicar a quien la promueve.

Es legítimo discrepar de la gestión política de Alejandro Ramírez. Como cualquier cargo público, su actuación está sometida al escrutinio de la ciudadanía y de la oposición. Pero también es justo reconocer que, en esta ocasión, ha optado por un camino poco habitual: el de la transparencia, la rendición de cuentas y el sometimiento de toda la actuación administrativa al criterio de los informes técnicos y jurídicos, sin ocultar información ni tratar de condicionar sus conclusiones.

Quienes hoy reclaman responsabilidades deberían preguntarse si, en una situación similar, habrían actuado exactamente igual. Porque la verdadera prueba del compromiso con la transparencia no llega cuando todo funciona correctamente, sino cuando aparecen dudas y existe la posibilidad de que la investigación pueda señalar errores propios u de sus subordinados.

Más allá de las diferencias ideológicas y de la valoración que cada ciudadano pueda hacer de su gestión política, los hechos permiten afirmar que el señor: Alejandro Ramírez no optó por esconder el problema, sino por afrontarlo. Decidió paralizar el procedimiento, ordenar una revisión completa y aceptar que fueran los informes los que determinaran el camino a seguir, aun siendo consciente de que sus conclusiones podían comprometer su propia posición.

Esa forma de actuar no impide exigir responsabilidades si finalmente correspondieran. Al contrario, las hace posibles. Porque sin transparencia no hay responsabilidad; sin investigación no hay verdad; y sin verdad no puede existir confianza en las instituciones.

La política necesita más debate, más control y más exigencia, pero también más honestidad para reconocer cuando un responsable público decide someter su propia gestión al escrutinio independiente, aunque ello pueda tener consecuencias personales o políticas.

Hay una realidad que probablemente pocos admitirán públicamente por razones políticas. En el legítimo juego de la confrontación democrática, reconocer los méritos del adversario suele interpretarse como una muestra de debilidad. Sin embargo, es razonable pensar que incluso entre quienes hoy mantienen una posición crítica hacia el señor Alejandro Ramírez existen personas que conocen su trayectoria y reconocen su capacidad de trabajo, su sentido de la responsabilidad institucional y su disposición a asumir decisiones difíciles cuando las circunstancias lo exigen. Precisamente por ello, el debate debería centrarse en los hechos y en las actuaciones realizadas, y no exclusivamente en la confrontación política.

Quizá esa sea la mayor lección que deja este episodio: la fortaleza de una institución no reside en negar los problemas, sino en tener el valor de enfrentarse a ellos con transparencia, responsabilidad y respeto absoluto a la legalidad.