La Asamblea publicó ayer las declaraciones de bienes, actividades e intereses de entrada de los integrantes de la Corporación constituida en junio, un ejercicio de transparencia al que la Ciudad debe dar continuidad y en el que es necesario profundizar para evitar que, al no existir ningún mecanismo de sanción, algunos electos eludan presentar las de salida.
La administración local todavía tiene mucho que avanzar a la hora de poner a disposición del conjunto de la ciudadanía información básica como las remuneraciones de los altos cargos, que no se publican en el abandonado portal web de Transparencia de la institución desde hace años.
La Ciudad ha avanzado pero muy lentamente con respecto a lo que sería deseable y a lo que exige la normativa vigente.
La legislación establece que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.
A nivel nacional ya se ha establecido un marco en el que la comisión de las infracciones previstas da lugar, entre otras consecuencias, a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.
Si no se cumple por principios y falta un régimen sancionador en el Reglamento de la Asamblea, la Ciudad y sus responsables deberían aplicar medidas políticas para asegurarse al menos de que quienes no lo hacen no sigan ejerciendo cargos públicos como si nada pasara, ya que el ejemplo que se transmite a la ciudadanía es pésimo y acrecienta la deslegitimación del ejercicio de la política.
