Cuando se cerró la frontera del Tarajal, la madrugada del 13 al 14 de marzo de 2020, en vísperas de la declaración del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 en España, en Ceuta había 2.405 trabajadores transfronterizos, la inmensa mayoría (2.109) empleadas de hogar, pero también 280 profesionales de otros sectores (pintores, fontaneros, albañiles...) y 16 autónomos.
Actualmente, según los datos facilitados ayer a este periódico por la Delegación del Gobierno, solamente 141 mantienen “todos sus papeles en regla”. En Melilla son todavía menos, 92. Se trata de aquellos cuyos pasaportes no han caducado durante los últimos 26 meses o que disponían de visado para desplazarse hasta el país vecino y regresar con escala previa en la península.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, lleva meses anunciando que la apertura “progresiva y gradual” de las fronteras terrestres entre España y Marruecos de las ciudades autónomas ofrecerá a esos ciudadanos del Reino alauita la posibilidad de volver a cruzarlas los primeros con el fin de que puedan actualizar los trámites pendientes en cualquiera de los dos lados para regularizar su situación.
Muchos de los transfronterizos que optaron por quedarse en territorio nacional han visto caducar sus pasaportes, mientras que los que se quedaron o regresaron al país vecino desde marzo de 2020 a través de los ‘pasillos humanitarios’ abiertos deberían “actualizar” su situación ante la Seguridad Social y/o Extranjería si los empleadores siguen interesados en contar con ellos y los trabajadores, en mantener su relación laboral singular en la ciudad.
Las autorizaciones para desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta ajena a transfronterizos, que deben renovarse como mucho cada 12 meses o cuando cambien las circunstancias que las motivaron, no solamente exigen que el beneficiario resida en las inmediaciones, sino carecer de antecedentes penales, ser inscrito en la Seguridad Social y una oferta de trabajo con contrato laboral que garantice “una actividad continuada”, entre otros requisitos.
El volumen de personas que entraban en Ceuta desde Marruecos hasta el estrangulamiento progresivo del Tarajal ha sido cifrado por Procesa en unas 27.000.
Las autoridades marroquíes temen una migración interna “considerable” hacia el norte por la reapertura de los pasos de Ceuta y Melilla y están atentas para evitar empadronamientos desde otras regiones en la provincia de Tetuán con el único propósito de, si no se revisa o elimina a corto plazo la excepcionalidad de Schengen, poder entrar en la ciudad sin visado. Según las fuentes consultadas por este periódico “la tramitación del cambio de residencia es una competencia que hace algo más de 3 años pasó del ámbito municipal al de la Policía” y “el promotor de una modificación con el objeto de ser eximido de visado en Ceuta puede ser detenido”.
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